#violenciadegénero

La Justicia de Neuquén otorgó la suspensión de juicio a prueba a un hombre acusado de violencia de género. Deberá pagar $4 millones a la víctima, $1 millón al programa municipal “Las Mujeres Hacemos” y cumplir con pautas de conducta durante 18 meses.

La agrupación responsabilizó al Estado por el vaciamiento de políticas públicas y denunció el impacto de los discursos oficiales. Reclaman presupuesto real y organización en las calles.

Colectivos de mujeres y disidencias advierten que la iniciativa busca intimidar y silenciar a quienes denuncian violencias. El 6 de agosto habrá marchas en todo el país; en Neuquén la concentración será a las 17 en el Monumento a San Martín.

La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado de la capital provincial. El hallazgo sacudió una causa que mantenía en vilo al país y derivó en la renuncia del abogado defensor del principal acusado.
 

El Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y la Optic presentaron el Sistema de Registros Especiales de Neuquén (Sirneu), una herramienta digital que unifica procesos de registración, consulta y certificación previstos en la Ley Provincial N°3233.

La concejala Julieta Katcoff (PTS-Frente de Izquierda Unidad) presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer el alcance real del programa municipal destinado a la autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad. La iniciativa surge en un contexto de aumento sostenido de la violencia de género en la provincia.

Dos episodios de violencia en el ámbito íntimo sacudieron a Villa Regina y la región: un joven hospitalizado tras caer de un primer piso en medio de una discusión de pareja, y un grave caso de tentativa de femicidio que terminó con la detención de un hombre gracias a la rápida intervención policial.

Los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley que busca asistir a mujeres vulnerables que quedaron a cargo exclusivo de sus hijos sin percibir cuota alimentaria ni asignaciones familiares. La iniciativa propone una ayuda mensual equivalente a la AUH durante cuatro meses, visibilizando la violencia económica como una forma persistente de desigualdad y garantizando derechos básicos mientras se resuelven los procesos judiciales.