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Con la anulación de las convocatorias PICT y una decisión política de priorizar solo ciencia aplicada con vínculos al sector privado, el Estado argentino abandona la ciencia básica, condenando a universidades, investigadores y al futuro productivo del país. La medida marca un récord regional y amplifica una crisis estructural que ya se expresa en recortes, fuga de talentos y una caída sin precedentes de la inversión pública en investigación.