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Argentina vive un momento crítico en su historia científica: para 2026, según informes del sector, será el único país de América Latina que no contará con inversión pública en ciencia básica, la etapa más temprana y esencial del conocimiento humano que sustenta avances futuros en salud, tecnología, educación y desarrollo productivo.
La decisión del Gobierno nacional de cerrar las convocatorias PICT (Programas de Investigación Científica y Tecnológica), dependientes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), representó un corte abrupto al sostén institucional y financiero de cerca de 1.500 proyectos anuales en todo el país.
En términos prácticos, esto significa que la ciencia argentina queda sin un soporte federal, regular y previsible para su desarrollo. Sectores tan diversos como las ciencias sociales, humanidades y áreas fundamentales de las ciencias duras quedan sin financiamiento estatal. La inversión pública total en I+D, que ya representaba niveles bajos del PIB, se ha profundizado hasta situar al país en una posición que expertos comparan con naciones de bajo desarrollo científico global.
Las respuestas del sistema científico y universitario no se hicieron esperar. La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) calificó la medida como una “sentencia de muerte para el 90% de la ciencia argentina”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también expresó su profunda preocupación por la interrupción abrupta de proyectos y la pérdida de continuidad institucional.
La reforma no solo elimina líneas de financiamiento tradicionales, sino que desplaza el foco hacia modalidades orientadas exclusivamente a ciencia aplicada con vínculo al sector privado (como AIC y STARTUP 2024), dejando de lado el conocimiento básico que suele no tener resultados comerciales inmediatos pero que sustenta la innovación a largo plazo.
Este panorama se inscribe en un contexto más amplio de desfinanciamiento y debilidad institucional que afecta no solo a la ciencia, sino a la educación pública y a la capacidad productiva nacional. La fuga de talentos, el estancamiento de proyectos estratégicos y el debilitamiento de la investigación universitaria son solo algunos de los efectos que ya se están sintiendo.
El anuncio del gobierno golpea al corazón de la ciencia Argentina que hoy representa en inversión pública un 0,17% de su PBI. Los países con menos inversión en ciencia y tecnología suelen ser naciones en desarrollo o con conflictos, invirtiendo muy poco de su PIB en I+D, como Myanmar (con 0.04% en 2022) o algunos en África Subsahariana, mientras que en Latinoamérica destacan países como Perú (0.16%), México (0.27%) o Colombia (0.29%) por sus bajos porcentajes comparados con el promedio mundial (1.95%) y economías más avanzadas (más del 2.6%), destacando que muchos países invierten menos del 1% de su PIB en investigación y desarrollo (I+D).
En un contexto regional donde otros países latinoamericanos mantienen, aunque modestos, niveles de inversión pública en ciencia, la decisión argentina no solo es un récord negativo, sino una ruptura con un proyecto de país que apuesta a la educación, la innovación y la competitividad de largo plazo.
Fuentes: Periferia.com.ar
