Un reclamo subterráneo cruza al gabinete económico y por ahora está frenado en el despacho de Martín Guzmán. Las principales petroleras que operan en el país continúan negociando el pago de la deuda por el impacto de la devaluación de Macri de 2018 en los contratos dolarizados de gas.
Se trata de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) en base a la dolarización de la tarifa del gas promovida por el exministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren.
Macri resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales. Sin embargo, sólo pagó una en los últimos días de su mandato.
Por Luciana Glezer - El primer interlocutor del gobierno entrante resultó ser el entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani, quien acordó pagar seis cuotas adeudadas por un desembolso total de 3.400 millones de pesos. Las principales beneficiarias eran YPF con 1.491 millones, Total con 517 millones, PAE con 301 millones y Pampa Energía con 267 millones.
Cuando las transferencias estaban por concretarse, desde otro despacho del gobierno se ocuparon de frenarlas. El interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una demanda judicial contra Aranguren y otros funcionarios macristas responsables de la dolarización tarifaria.
Mientras que los senadores del bloque oficialista votaron la derogación del decreto 1053, mediante el cual el gobierno asumía la deuda.
Sin embargo las negociaciones están abiertas. Voceros de las empresas afirman que hay sectores del gobierno que reconocen la deuda, mas allá del curso que pueda tener la demanda contra la medida en la justicia.
Es que las petroleras tienen un punto: "¿Se puede derogar una deuda que tiene principio de ejecución y el Estado comenzó a pagar?", "¿La derogación del decreto que hizo el Senado está firme sin aprobación de Diputados?", explicó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones.
En efecto, las petroleras cuentan con dos antecedentes del Estado de dos gobiernos de signo distinto en favor de la legitimidad de la deuda: El decreto de Macri cuyo Gobierno incluso hizo un primer pago y la posterior resolución de Lanziani ordenando el pago de las seis cuotas adeudadas.
Sin embargo, no es esta la visión que prevalece en los sectores del oficialismo que bloquearon los pagos. "Reclamar esta deuda es una estafa. No existe ninguna normativa, decreto, ley o regulación que lo avale. Insólito que haya funcionarios acepten que esto sea puesto en la mesa de negociación porque la deuda no existe por ende pagarla es inviable.", afirmó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones.
A favor de reconocer la deuda con las empresas se pronunciaron públicamente el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, al igual que su antecesor Jorge Sapag. Ambos apoyaron en su momento, con mucho entusiasmo, la designación de Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía.
