Adorni y $LIBRA: una Justicia que beneficia al poder mientras pierde la confianza de la sociedad

La Justicia argentina enfrenta una crisis de credibilidad que ya no puede explicarse solamente por la lentitud de sus procedimientos, la complejidad de las leyes o las dificultades para reunir pruebas. Cuando las investigaciones involucran a quienes ejercen el poder, sus decisiones quedan sometidas a un escrutinio inevitable: determinar si los funcionarios reciben el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano y si los argumentos utilizados para desvincularlos de una acusación resultan suficientemente sólidos para convencer a la sociedad.

Dos expedientes recientes ofrecen motivos concretos para esa discusión. El primero involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El segundo es el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei y convertida posteriormente en objeto de una investigación por presunta estafa y otros posibles delitos.

No existen elementos que permitan afirmar que ambas investigaciones formen parte de una misma maniobra criminal. Su vinculación es política e institucional: en las dos aparecen funcionarios del mismo gobierno, operaciones con criptoactivos, importantes movimientos de dinero y decisiones judiciales favorables a los investigados que dejan interrogantes sin resolver.

El problema no consiste en que la Justicia deba condenar a los funcionarios para demostrar independencia. Consiste en algo mucho más elemental: cuando decide no avanzar con una acusación, debería ofrecer fundamentos capaces de resistir un análisis riguroso de las pruebas.

Adorni: una fortuna explicada con operaciones que nadie pudo comprobar completamente

El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó este viernes 6 de noviembre que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió que el expediente sea remitido a la Justicia Penal Económica para investigar una posible evasión tributaria.

La decisión se produjo después de que la investigación detectara gastos y adquisiciones por 402.578 dólares, de los cuales 374.081 habrían sido pagados en efectivo, además de una diferencia superior a 43 millones de pesos entre ingresos comprobados y movimientos patrimoniales.

La explicación del exfuncionario resultó tan extraordinaria como difícil de verificar. Según su defensa, entre 2014 y 2018 compró Bitcoin por aproximadamente 200.000 dólares y posteriormente vendió esas criptomonedas por más de 591.000 dólares. Las operaciones habrían sido realizadas personalmente, con compradores y vendedores desconocidos, mediante entregas de efectivo y sin documentación comercial convencional.

El dinero obtenido habría permanecido guardado durante años fuera del sistema bancario y sin ser declarado oportunamente ante los organismos fiscales.

Los peritos pudieron comprobar que las billeteras digitales presentadas por la defensa existían y habían registrado movimientos durante el período indicado. Lo que no pudieron establecer fue quién controlaba esas billeteras cuando se realizaron las operaciones ni verificar completamente las circunstancias de las compraventas.

Pese a esas limitaciones, el fiscal consideró que no contaba con elementos suficientes para desacreditar la versión de Adorni.

La distinción jurídica es importante: una explicación que no puede refutarse no necesariamente constituye una explicación demostrada. El derecho penal exige pruebas suficientes para sostener una acusación y protege la presunción de inocencia, pero esa garantía no debería impedir un examen crítico sobre la profundidad y los resultados de las investigaciones.

El propio dictamen fiscal reconoce posibles irregularidades tributarias, ingresos no declarados y operaciones realizadas fuera de los controles habituales. Adorni no fue absuelto ni sobreseído. Su situación continúa bajo investigación y el juez Ariel Lijo todavía debe resolver el cambio de competencia solicitado.

Sin embargo, resulta difícil ignorar que la hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió impulso a partir de un relato patrimonial cuya reconstrucción completa sigue siendo imposible.

$LIBRA: una investigación cerrada mientras todavía faltaban pruebas

El segundo expediente presenta una situación todavía más comprometida para la imagen de la Justicia.

El 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Lo hizo después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el cierre de la investigación al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar un delito.

La resolución llegó apenas unas 26 horas después de la presentación del fiscal.

El origen del caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei utilizó su cuenta de X para promocionar un proyecto vinculado con la criptomoneda. Su precio se disparó y posteriormente se desplomó, mientras distintos denunciantes señalaron que un grupo reducido de billeteras había obtenido beneficios millonarios y miles de compradores habían sufrido pérdidas.

La defensa de los investigados y el fiscal Taiano sostuvieron, entre otros argumentos, que las operaciones se realizaron públicamente mediante herramientas digitales trazables, que el proyecto había existido y que no pudo acreditarse un engaño penalmente relevante. El juzgado consideró que los hechos denunciados no configuraban los delitos investigados.

Pero esa conclusión fue cuestionada desde el propio Ministerio Público Fiscal.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por Sergio Rodríguez, reclamó que se dejaran sin efecto los sobreseimientos y se continuara investigando. Su argumento central fue que la causa se había cerrado prematuramente, cuando todavía existían diligencias pendientes e indicios que merecían una evaluación más profunda.

Entre los elementos señalados se encontraban comunicaciones entre los involucrados, registros de visitas a la Casa Rosada, transferencias financieras, movimientos en cajas de seguridad y conversaciones eliminadas de teléfonos celulares.

También cuestionó que determinados estudios de trazabilidad de fondos no se hubieran completado por falta de licencias informáticas y que no se buscaran alternativas para finalizar esas pericias.

La controversia adquiere mayor gravedad porque, según la Procuraduría, parte de la información disponible podría ser compatible con una maniobra defraudatoria. Ese organismo aclaró que los indicios no alcanzaban todavía para solicitar declaraciones indagatorias, pero tampoco justificaban clausurar definitivamente la investigación.

Es una diferencia fundamental. Si existen pruebas pendientes que podrían modificar la interpretación de los hechos, cerrar una causa puede resultar tan prematuro como formular una acusación sin sustento.

El 4 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de decisiones que habían excluido a inversores que pretendían intervenir como querellantes. Dos días después, seguía pendiente la resolución del planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Los sobreseimientos no habían sido anulados, pero su revisión continuaba abierta.

Cuando las víctimas quedan afuera y los funcionarios reciben el beneficio de la duda

Existe otro aspecto particularmente cuestionable del recorrido judicial de $LIBRA.

Antes de los sobreseimientos, varios inversores habían sido apartados del expediente como querellantes. Esa decisión dejó al fiscal Taiano como principal responsable de sostener la acusación. Cuando el fiscal pidió cerrar el caso, los damnificados excluidos no tenían la posibilidad ordinaria de impugnar esa decisión desde el lugar procesal que reclamaban.

La Cámara Federal había confirmado esas exclusiones. LA NACION destacó una circunstancia institucional que merece atención: uno de los camaristas que intervino en aquella decisión, Pablo Bertuzzi, había sido designado poco antes por el propio presidente Milei, mientras que Mariano Llorens también integró el tribunal.

La coincidencia temporal no demuestra por sí misma una actuación parcial, pero exige especial cuidado en la fundamentación y transparencia de las resoluciones.

La situación resulta todavía más controvertida cuando se consideran antecedentes en los que se aplicaron criterios más amplios para permitir la participación de acusadores en investigaciones que involucraban a otros dirigentes políticos. Las diferencias procesales entre expedientes pueden justificar soluciones distintas, pero es responsabilidad de los tribunales explicar con claridad por qué esas diferencias resultan relevantes.

El derecho de los ciudadanos a reclamar justicia no debería depender de interpretaciones cambiantes sobre quién tiene legitimidad para impulsar una investigación.

Tampoco puede ignorarse la paradoja institucional: mientras quienes denunciaron haber perdido dinero enfrentaban obstáculos para intervenir en el proceso, los investigados obtenían una decisión que los desvinculaba penalmente sin que se hubieran completado todas las diligencias que ahora reclama una fiscalía especializada en corrupción.

La desconfianza no es solamente una percepción: hay números

La discusión sobre la credibilidad judicial tiene respaldo en estudios de opinión pública.

En junio de 2026, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y la Universidad Torcuato Di Tella publicaron una nueva medición del Índice de Confianza en la Justicia. El indicador descendió de 52,4 a 48,7 puntos, registrando la mayor caída semestral desde que se retomó la medición en 2023.

El resultado más significativo aparece cuando se consulta sobre la capacidad de la Justicia para controlar al poder político y económico: apenas el 10% de los encuestados la considera confiable, mientras que el 89% manifiesta poca o ninguna confianza.

La igualdad ante la ley y la honestidad tampoco presentan resultados alentadores. Solo el 13% expresa confianza en cada uno de esos atributos.

Son cifras anteriores a las últimas resoluciones de los casos Adorni y $LIBRA, por lo que no corresponde atribuirles causalmente el deterioro registrado. Pero muestran que ambas decisiones se producen sobre un terreno institucional profundamente debilitado.

La percepción de que los poderosos pueden recibir un tratamiento diferente no surge exclusivamente de estos expedientes. Es una desconfianza acumulada, alimentada por años de investigaciones inconclusas, decisiones contradictorias y controversias sobre la independencia de jueces y fiscales.

En ese contexto, cada resolución que favorece a un funcionario sin ofrecer respuestas convincentes sobre los hechos investigados corre el riesgo de reforzar una sospecha que ya está ampliamente instalada.

El problema no es la falta de condenas, sino la falta de respuestas

Adorni y los investigados por $LIBRA conservan todos sus derechos constitucionales, incluida la presunción de inocencia. Ninguna crítica al Poder Judicial debería desconocer esas garantías.

La cuestión es que la independencia judicial no se demuestra solamente evitando condenas injustas. También requiere investigar sin privilegios, agotar las pruebas razonablemente disponibles y fundamentar las decisiones con una solidez proporcional a la gravedad de los hechos.

En Adorni, el interrogante sigue siendo cómo se originaron realmente los fondos que permitieron financiar importantes gastos patrimoniales y si las explicaciones presentadas pueden ser corroboradas por otros medios. En $LIBRA, la pregunta es por qué se dispusieron sobreseimientos cuando otra fiscalía del mismo Ministerio Público considera que existen pruebas relevantes todavía pendientes de producción.

Estas cuestiones no prueban la existencia de un acuerdo entre funcionarios judiciales y políticos para asegurar impunidad. Pero sí permiten cuestionar si determinadas decisiones están ofreciendo un grado de protección al poder que la sociedad no percibe como compatible con una justicia independiente.

Y allí aparece el verdadero problema democrático.

Una Justicia que no logra convencer a la ciudadanía de que investiga a los poderosos con el mismo rigor que a cualquier otra persona pierde autoridad mucho antes de perder formalmente sus atribuciones.

El Poder Judicial no se encuentra obligado a satisfacer las expectativas políticas de nadie. Sí está obligado a explicar sus decisiones, mantener criterios consistentes y demostrar que la investigación de un funcionario no se detiene simplemente porque existen dificultades para reunir pruebas.

En una democracia, la confianza no se impone desde un despacho judicial. Se construye con independencia, transparencia y resultados verificables.

Los casos Adorni y $LIBRA no permiten afirmar que todos los jueces protejan al poder. De hecho, las actuaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de los camaristas que habilitaron nuevas revisiones muestran que dentro del propio sistema judicial existen posiciones contrapuestas.

Pero esa circunstancia vuelve todavía más necesaria una revisión rigurosa de las decisiones cuestionadas.

Porque cuando los expedientes se cierran o pierden impulso sin esclarecer aspectos fundamentales de los hechos denunciados, el daño no afecta únicamente a quienes reclamaban una investigación. Afecta a la credibilidad de una institución cuya legitimidad depende de que los ciudadanos crean que nadie está por encima de la ley.

La Justicia puede declarar que no encontró pruebas suficientes para condenar. Lo que no puede pretender es que esa conclusión alcance, por sí sola, para convencer a una sociedad que todavía espera saber qué ocurrió.