NeuquenNewsLa guerra que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022 no solamente ha devastado la infraestructura y la economía ucraniana. También ha transformado profundamente el funcionamiento del Estado, las relaciones entre el poder político y las Fuerzas Armadas y las condiciones en que millones de ciudadanos ejercen sus derechos.
Detrás de la imagen internacional de Volodímir Zelenski como símbolo de la resistencia frente a Rusia existe una realidad mucho más compleja, que incluye abusos cometidos por agentes estatales, investigaciones de corrupción que alcanzan al entorno presidencial y una creciente resistencia social contra los métodos utilizados para incorporar soldados al frente de batalla.
No son únicamente denuncias provenientes del Kremlin. Organismos internacionales de derechos humanos, periodistas de investigación y las propias instituciones ucranianas llevan años documentando violaciones que cuestionan seriamente el funcionamiento del aparato militar y la responsabilidad política de sus autoridades.
El episodio ocurrido el 2 de noviembre en Petropavlivska Borshchahivka, una localidad próxima a Kiev, volvió a colocar estas contradicciones en primer plano.
Alrededor de un centenar de personas se concentraron frente a un edificio utilizado por la Guardia Nacional después de que circularan denuncias sobre la presunta existencia de hombres retenidos ilegalmente, golpeados y sometidos a torturas.
La situación terminó en enfrentamientos violentos. Los manifestantes intentaron ingresar al inmueble, rompieron ventanas, dañaron vehículos policiales y se enfrentaron con los efectivos desplegados en el lugar.
La Guardia Nacional confirmó que allí permanecían soldados recientemente movilizados y militares que habían abandonado sus unidades sin autorización. También reconoció que cuatro de ellos presentaban lesiones y fueron trasladados para recibir atención médica.
Las acusaciones de torturas todavía no fueron comprobadas y las autoridades niegan que existiera un centro clandestino de detención. Sin embargo, la Oficina Estatal de Investigaciones abrió una causa para establecer las condiciones en que permanecían los soldados y examinar posibles abusos de autoridad.
La gravedad del enfrentamiento obligó a intervenir al jefe de la Oficina Presidencial, Kyrylo Budanov, mientras que los servicios de seguridad comenzaron a identificar a los manifestantes involucrados.
Hay un aspecto especialmente relevante: el establecimiento estaba vinculado con una unidad de la Guardia Nacional perteneciente a la estructura de Azov, una organización militar cuyos orígenes están asociados a movimientos ultranacionalistas y neonazis.
Esto no prueba las denuncias de tortura formuladas contra los militares presentes en el edificio, pero convierte al incidente en otro capítulo de la controversia sobre el poder adquirido por estas formaciones dentro del aparato estatal ucraniano.
El problema de los reclutamientos militares excede ampliamente el episodio de Kiev.
En febrero de 2026, el defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, informó ante el Parlamento que durante 2025 había recibido 6.127 denuncias sobre posibles violaciones de derechos cometidas durante los procedimientos de movilización.
En 2022 habían sido apenas 18. En 2024, las presentaciones ascendieron a 3.312. Durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron otras 5.607 quejas, de acuerdo con cifras atribuidas a la Defensoría.
Los reclamos incluyen detenciones ilegales, golpes, traslados compulsivos, confiscación de teléfonos, impedimentos para acceder a abogados y exámenes médicos realizados sin las garantías necesarias.
El propio Lubinets describió las irregularidades como un problema sistémico.
La dimensión institucional de estas denuncias resulta particularmente grave porque el sistema de movilización está subordinado a la estructura militar de un Estado cuya conducción política corresponde al presidente.
El Consejo de Europa también expresó su preocupación. En un memorando de 2025, su Comisario de Derechos Humanos advirtió sobre denuncias de violencia física, detenciones arbitrarias, privación de asistencia legal y reclutamiento de personas con discapacidad. Recordó, además, que la prohibición de la tortura es absoluta y no puede suspenderse siquiera durante una guerra.
Uno de los casos más graves se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando fueron detenidos cinco funcionarios de reclutamiento en Chernivtsi, sospechados de secuestros, torturas y corrupción.
Entre los hechos investigados aparece el caso de un hombre que habría recibido un disparo en una pierna durante su detención y posteriormente fue obligado a intentar extraerse el proyectil sin asistencia médica adecuada.
Los investigadores también documentaron el presunto secuestro de un veterano de guerra y una exigencia de 5.500 euros para liberar a otro detenido.
Los acusados no han sido condenados, pero existen antecedentes judiciales que sí acreditan torturas cometidas por funcionarios militares.
En Rivne, tres integrantes de un centro de movilización fueron condenados por golpear y privar ilegalmente de su libertad a un hombre que circulaba en bicicleta. Dos de ellos continuaron agrediéndolo dentro del vehículo militar. Las penas de cuatro años quedaron en suspenso y los condenados permanecieron en el servicio.
La combinación de hechos probados, investigaciones abiertas y miles de denuncias permite plantear una crítica de fondo: el sistema militar ucraniano ha desarrollado prácticas de coerción que sus propios organismos de control consideran incompatibles con los derechos fundamentales.
La presencia de organizaciones de origen neonazi dentro de las estructuras militares ucranianas es un asunto documentado que no debería desaparecer del análisis por las necesidades geopolíticas de los aliados occidentales.
El Batallón Azov nació en 2014, impulsado por Andriy Biletskyi, vinculado a organizaciones de extrema derecha como Patriota de Ucrania. Sus primeros integrantes incluyeron militantes ultranacionalistas y activistas relacionados con corrientes neonazis.
La organización utilizó símbolos asociados históricamente con el nazismo, entre ellos variantes del Wolfsangel y el Sol Negro. Con el tiempo fue incorporada formalmente a la Guardia Nacional y experimentó sucesivas reorganizaciones.
Un estudio publicado en febrero de 2026 por el Centro de Estudios Orientales de Polonia (OSW) reconstruyó la evolución política y militar del movimiento Azov, sus vínculos con organizaciones civiles nacionalistas y la creciente influencia de sus comandantes.
El informe señala que Zelenski y su entorno han buscado fortalecer sus relaciones con dirigentes de estas formaciones, incluso por razones de equilibrio político frente a otros referentes militares.
Según ese análisis, la Oficina Presidencial habría contribuido a mejorar la proyección pública de Biletskyi como contrapeso a figuras militares con potencial político propio.
No se trata de una cuestión menor: evidencia cómo una organización surgida de la extrema derecha pudo transformarse en una estructura militar con capacidad de influencia política y reconocimiento institucional.
En junio de 2024, Estados Unidos levantó las restricciones que impedían proporcionar armamento y entrenamiento a la Brigada Azov. Washington argumentó que su evaluación no había encontrado pruebas de violaciones graves de derechos humanos atribuibles a la unidad examinada.
Los actuales mandos de Azov rechazan las acusaciones de neonazismo y sostienen que la organización se profesionalizó y se distanció de sus orígenes extremistas.
Esto exige distinguir entre el pasado ideológico documentado del movimiento, la continuidad de determinados símbolos y redes políticas, y las convicciones personales de los integrantes actuales.
Pero esa distinción no elimina una pregunta política fundamental: ¿qué consecuencias puede tener que el Gobierno fortalezca a organizaciones militares que surgieron de movimientos de extrema derecha y conservan estructuras de influencia propias?
Otro componente controvertido es la incorporación de ciudadanos extranjeros a las fuerzas ucranianas.
Desde 2022, Ucrania organiza la participación de combatientes procedentes de distintos países mediante la Legión Internacional y otras formaciones integradas en las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa ucraniano reconoce expresamente la posibilidad de que extranjeros firmen contratos militares y participen en operaciones de combate.
Sin embargo, la presencia de soldados extranjeros remunerados no permite clasificarlos automáticamente como mercenarios. El derecho internacional establece condiciones específicas para esa categoría y distingue entre mercenarios y extranjeros incorporados formalmente a las fuerzas armadas de un Estado.
La cuestión que merece investigarse es la transparencia de los mecanismos de contratación, el financiamiento, las condiciones de servicio y la responsabilidad por eventuales abusos cometidos por esas unidades.
Tampoco puede ignorarse que la guerra genera poderosos intereses económicos asociados a la provisión de armamento, servicios logísticos, reconstrucción de infraestructura y contratos militares.
Para un Gobierno que depende de la financiación y la asistencia militar extranjera, garantizar controles independientes sobre esos recursos debería constituir una obligación central, no un asunto secundario.
Las investigaciones de Naciones Unidas ofrecen otro elemento que contradice cualquier representación de las fuerzas ucranianas como instituciones ajenas a las violaciones del derecho humanitario.
En junio de 2026, la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó que más de la mitad de los prisioneros de guerra rusos entrevistados habían denunciado torturas o malos tratos durante su captura o traslado inicial bajo custodia ucraniana.
Los abusos fueron señalados principalmente en las primeras etapas de detención, antes del ingreso a instalaciones oficiales.
El compromiso con los derechos humanos no puede depender de la nacionalidad de la víctima ni de las simpatías políticas hacia uno de los bandos.
La gestión de Zelenski también enfrenta cuestionamientos que exceden el ámbito militar.
En julio de 2025, el presidente promulgó una ley que reducía la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dos organismos encargados de investigar delitos económicos que podían comprometer a funcionarios de alto nivel.
La medida colocaba importantes facultades de supervisión en manos del fiscal general, un funcionario vinculado a la estructura de poder del Ejecutivo.
La decisión provocó manifestaciones masivas y advertencias de la Unión Europea. Finalmente, Zelenski tuvo que retroceder y restaurar la independencia de los organismos.
Human Rights Watch denunció, además, presiones contra periodistas de investigación y activistas anticorrupción. Entre los casos más relevantes se encuentra el de Vitaliy Shabunin, investigado penalmente en un procedimiento que distintas organizaciones consideraron potencialmente represivo.
Amnistía Internacional también ha señalado restricciones a la libertad de expresión, problemas con el derecho a la objeción de conciencia y cuestionamientos sobre las garantías judiciales en procesos por presunta colaboración con Rusia.
A ello se suma la continuidad del Gobierno bajo la ley marcial, con elecciones presidenciales y parlamentarias postergadas.
La suspensión electoral tiene fundamentos legales y obstáculos materiales concretos derivados de la guerra, pero su prolongación también aumenta la necesidad de controles parlamentarios, judiciales y sociales sobre el Ejecutivo.
Foreign Policy publicó en septiembre un análisis del especialista Adrian Karatnycky en el que cuestionó la centralización de las decisiones en un círculo de colaboradores presidenciales y planteó la necesidad de ampliar la participación política en la conducción del país.
La crítica apunta a uno de los problemas estructurales del gobierno de Zelenski: la concentración del poder en un grupo reducido de funcionarios, en un contexto donde la guerra restringe los mecanismos habituales de renovación y control democrático.
La continuidad del conflicto plantea un problema que Zelenski no ha conseguido resolver: cómo sostener una guerra de desgaste sin deteriorar progresivamente la relación entre el Estado y su población.
La invasión rusa explica la necesidad de movilizar recursos para la defensa, pero no justifica que agentes estatales golpeen, retengan ilegalmente o torturen a ciudadanos. La presión militar tampoco elimina la obligación de investigar la corrupción, respetar las libertades civiles y garantizar que las organizaciones armadas permanezcan subordinadas al poder institucional.
El presidente ucraniano ha recibido un respaldo internacional extraordinario. Ese apoyo fue decisivo para la capacidad defensiva del país, pero no debería transformarse en una protección política frente a las críticas por los errores de su Gobierno.
La existencia de movimientos de origen neonazi integrados en estructuras militares, las denuncias comprobadas de torturas y los reiterados cuestionamientos institucionales merecen ser investigados independientemente de la posición que cada observador tenga frente a Rusia.
La legitimidad de resistir una invasión extranjera no concede inmunidad frente a las obligaciones democráticas ni elimina la responsabilidad por los delitos cometidos por agentes del Estado.
Y si el Gobierno no consigue responder de manera efectiva a estas denuncias, el mayor riesgo político podría no surgir exclusivamente del avance militar ruso, sino también de la pérdida de confianza de los ciudadanos a quienes afirma representar.
