El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y el proyecto pasa a Diputados
El Senado de la Nación dio un paso clave este jueves al otorgar media sanción al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La votación general cerró con 42 votos afirmativos y 21 negativos, permitiendo que la iniciativa —impulsada por el Poder Ejecutivo— avance hacia la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La norma vigente desde 2010 promovió un cambio de paradigma centrado en los derechos humanos y en la sustitución paulatina de los manicomios por abordajes comunitarios. Sin embargo, a lo largo de más de una década de aplicación, acumuló fuertes observaciones por parte de colectivos profesionales, jueces y asociaciones de familiares de pacientes, quienes señalaban severas dificultades para intervenir en situaciones de crisis graves.
Principales modificaciones al sistema de atención
El proyecto aprobado introduce giros sustanciales en la arquitectura de la atención sanitaria pública y privada:
Ampliación de internaciones involuntarias: Se flexibilizan y extienden los criterios requeridos para disponer la internación de un paciente sin su consentimiento previo, buscando agilizar las intervenciones en estados de riesgo severo.
Reincorporación de monovalentes: Los hospitales psiquiátricos especializados vuelven a estar contemplados formalmente dentro del sistema de salud, revirtiendo la meta de sustitución total planteada en la ley de 2010.
Jerarquización médica: Se fortalece la injerencia y el rol de los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios encargados de evaluar e indicar los tratamientos.
El debate particular y la cláusula de financiamiento federal
La votación en particular se estructuró en tres bloques de artículos. Los primeros dos tramos (del artículo 1 al 22, y los artículos 23 y 24) obtuvieron un respaldo mayoritario de entre 41 y 42 votos.
En el último tramo (artículos 25 al 34), el cuerpo aprobó una modificación impulsada por el senador misionero Carlos Arce que incorpora un esquema de financiamiento federal para garantizar la operatividad de la norma en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según lo establecido, el Estado nacional brindará asistencia técnica, económica y financiera mediante convenios específicos que especificarán metas, costos y rendiciones de cuentas. La disposición remarca explicitamente que la escasez de recursos locales no podrá utilizarse como motivo para denegar el auxilio nacional, el cual deberá estar garantizado con partidas del Ministerio de Salud.
Estos fondos presupuestarios se destinarán con carácter prioritario al fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la contratación y formación de profesionales, las herramientas de teleconsulta, los dispositivos comunitarios y la atención especializada en niños, niñas y adolescentes. Las pautas de distribución territorial deberán ser acordadas conjuntamente entre el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA).
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