La minería se consolida como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Argentina. En un contexto donde el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsa proyectos por miles de millones de dólares, las oportunidades no se limitan a las compañías mineras, sino que también alcanzan a toda la cadena de valor que participa en el desarrollo, construcción y operación de estos emprendimientos.
Actualmente, las inversiones mineras aprobadas y en evaluación bajo el régimen superan los USD 40.000 millones, principalmente en iniciativas estratégicas ubicadas en San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy.
El RIGI representa una oportunidad significativa para las empresas proveedoras nacionales. Como parte de las condiciones del régimen, los proyectos adheridos deben contemplar la contratación de proveedores locales por al menos el 20% del monto destinado al pago de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad. Esta exigencia convierte a los proveedores argentinos en actores relevantes para el desarrollo de los nuevos emprendimientos y genera una demanda potencial de equipamiento, infraestructura y servicios especializados.
Para las empresas, el desafío ya no pasa únicamente por ofrecer bienes o servicios competitivos. Resulta cada vez más importante comprender los beneficios fiscales, aduaneros y comerciales disponibles, así como los requisitos necesarios para acceder a ellos. La posibilidad de importar determinados bienes de capital, equipos, partes e insumos bajo regímenes promocionales, cumpliendo las condiciones correspondientes, puede convertirse en un factor diferencial a la hora de competir por contratos vinculados a proyectos mineros de gran escala.
La preparación también requiere una revisión de la situación tributaria de cada compañía. En particular, resulta recomendable analizar el tratamiento de las actividades desarrolladas frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, verificando la correcta asignación de ingresos y gastos entre jurisdicciones, los criterios de tributación aplicables y las posibles oportunidades de optimización fiscal. Una planificación adecuada puede contribuir a mejorar la competitividad y evitar contingencias que afecten la rentabilidad de los contratos.
Otro aspecto fundamental es el cumplimiento de las exigencias provinciales. La inscripción en registros nacionales no reemplaza la necesidad de atender los requisitos específicos de cada jurisdicción, que pueden diferir significativamente entre San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy. Los criterios relacionados con empleo local, infraestructura, inversión, domicilio y presencia operativa adquieren cada vez mayor importancia para las compañías que buscan consolidarse como proveedores estratégicos del sector.
En este escenario, las empresas que anticipen su posicionamiento y revisen tempranamente su estructura operativa, financiera, fiscal y regulatoria estarán mejor preparadas para aprovechar las oportunidades que generará la próxima ola de inversiones mineras. La magnitud de los proyectos permite prever una creciente demanda de bienes, obras y servicios especializados, desde la exploración y construcción hasta la operación y mantenimiento de los emprendimientos.
Estar preparado para competir puede marcar la diferencia entre ser un proveedor potencial y convertirse en un socio estratégico de los proyectos que impulsarán el crecimiento de la minería argentina durante los próximos años. Comprender el nuevo marco regulatorio, adecuar las estructuras empresariales a las exigencias de contratación local y aprovechar los beneficios disponibles serán factores decisivos para participar de uno de los ciclos de inversión más importantes que atraviesa actualmente el sector.
(*) Asociado de Tax & Legal en SMS Buenos Aires
