NeuquenNewsLa investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves 29 de octubre un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y los tribunales federales de Comodoro Py.
La controversia comenzó después de que desde la Casa Rosada se difundieran supuestas conclusiones de un peritaje realizado por Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
Según la versión oficial, el análisis detectó cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas que podrían indicar modificaciones en las grabaciones. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que todavía no existe un informe definitivo firmado por los especialistas.
La diferencia es sustancial: no poder confirmar la autenticidad de una grabación no significa demostrar que fue falsificada.
De acuerdo con información publicada por Tiempo Argentino y otros medios nacionales, los audios que dieron origen al escándalo no fueron utilizados como prueba central para fundamentar los procesamientos dictados en el expediente.
La investigación avanzó mediante documentación, registros administrativos, movimientos económicos y otros elementos reunidos por la Fiscalía.
Por ese motivo, fuentes vinculadas a Comodoro Py sostienen que las conclusiones del estudio técnico no modificarían automáticamente la situación procesal de los imputados.
El peritaje fue solicitado por el juez federal Ariel Lijo, a partir de una intervención de la Cámara Federal porteña, y busca determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones.
La controversia por los audios coincidió con una nueva etapa de la investigación sobre la droguería Suizo Argentina, vinculada a la provisión de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez investigan presuntas irregularidades en las contrataciones del programa Incluir Salud, que funcionaba bajo la órbita de ANDIS.
Según la hipótesis fiscal, la empresa habría tenido una participación determinante en el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo, mediante presuntos acuerdos irregulares con funcionarios del organismo.
La investigación también alcanza al exsubdirector Daniel Garbellini y a otros empresarios señalados por su posible participación en las maniobras.
Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, vinculados a la droguería, tenían previstas sus declaraciones indagatorias para esta semana, pero las audiencias fueron reprogramadas para el miércoles 4 de noviembre.
Los abogados del exfuncionario sostienen que las grabaciones presentan irregularidades y cuestionan su utilización como punto de partida de la investigación.
La estrategia defensiva apunta a solicitar la nulidad del expediente, bajo el argumento de que las actuaciones judiciales se habrían originado en material obtenido o difundido de manera ilegítima.
Sin embargo, el planteo enfrenta una dificultad: las resoluciones judiciales se apoyan en elementos probatorios independientes de los audios cuestionados.
La decisión sobre la validez de las actuaciones corresponderá a los tribunales, una vez evaluados los planteos de las partes y los resultados definitivos de la pericia.
El caso ANDIS mantiene bajo investigación presuntas maniobras de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y retornos ilegales en la adquisición de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.
Mientras el Gobierno concentra su posición pública en las dudas sobre la autenticidad de las grabaciones, la Justicia continúa examinando las operaciones comerciales y las responsabilidades de los exfuncionarios y empresarios involucrados.
La discusión sobre los audios todavía no tiene una resolución definitiva. Lo que sí está claro es que su eventual falta de autenticidad no implica, por sí sola, la caída de la investigación judicial.
El expediente continúa abierto y las personas investigadas conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
