NeuquenNewsEn el marco del debate legislativo programado para este jueves 29, la Asamblea por el Derecho a la Salud Mental emitió una contundente manifestación de rechazo a las propuestas de reforma sobre la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) impulsadas por el Poder Ejecutivo. Bajo el lema "La ley 26.657 NO se reforma. Se aplica", las organizaciones sociales, de usuarios y trabajadores del sector expresaron su alarma ante la inminente votación en el Senado de la Nación de dos dictámenes que, aseguran, desmantelan conquistas históricas en materia de derechos humanos y abordaje integral.
El proyecto impulsado por el oficialismo y apoyado firmemente en las comisiones por las senadoras Márquez y Patricia Bullrich introduce modificaciones sustanciales al marco normativo actual. Desde la Asamblea remarcan que, aun tras los retoques realizados sobre la propuesta original, el dictamen de mayoría mantiene ejes conceptuales y operativos que atentan contra la salud pública y la dignidad de las personas atravesadas por estas problemáticas:
Cambio de paradigma conceptual: Se reemplaza el concepto de "padecimiento mental" por las nociones de "trastorno" o "afección". Según denuncian, esta modificación terminológica retrocede hacia un modelo estrictamente biológico que desconoce los condicionantes históricos, sociales, económicos y culturales que intervienen en la salud mental.
Desfinanciamiento de las políticas públicas: La reforma omite y vulnera la pauta presupuestaria estipulada en la ley vigente, la cual establece que la partida destinada a la salud mental no debe ser inferior al 10% del presupuesto total de salud.
Retorno a la lógica de la "peligrosidad": Se reintroducen conceptos vinculados a la seguridad pública y el riesgo, reforzando la estigmatización y discriminación social hacia quienes atraviesan algún tipo de sufrimiento psíquico.
Prevalencia del modelo médico hegemónico: Se desarticula el principio del abordaje interdisciplinario —que garantiza la intervención equitativa de disciplinas como la psicología, el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional— para otorgar la centralidad absoluta de la atención al criterio médico.
Criterios y mecanismos de internación: Las decisiones sobre las internaciones involuntarias vuelven a quedar subordinadas de forma casi exclusiva al criterio de un profesional médico, preferentemente psiquiatra, prescindiendo del consenso interdisciplinario previo.
Evaluación por telemedicina: Se habilita el uso de la telemedicina para definir e implementar la pertinencia de una internación en aquellos casos donde haya ausencia de profesionales psiquiatras en forma presencial, un punto sumamente criticado por la falta de garantías en el examen directo.
Exclusión de las organizaciones de usuarios: El dictamen retira formalmente la participación de las organizaciones compuestas por usuarios y familiares del Órgano de Revisión, la instancia encargada de velar por el cumplimiento de las garantías de los pacientes en el sistema sanitario.
Desde la Asamblea manifestaron asimismo su repudio a las bancadas opositoras, señalando la "complicidad" de senadores del Partido Justicialista y del bloque Convicción Federal, quienes al presentar un dictamen por minoría terminaron facilitando el tratamiento y la llegada al recinto de la reforma integral.
El comunicado concluye con un llamado directo al cuerpo senatorial para que no atente con su voto contra los derechos fundamentales garantizados en la ley 26.657. Representantes del colectivo insistieron en que el problema actual de la salud mental en Argentina radica en la falta de asignación presupuestaria y de aplicación efectiva del texto vigente, y no en la necesidad de modificar sus principios rectores.
