Diputados aprobó la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos: qué cambia y cómo impactará en las prestaciones

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas y reclamos de organizaciones vinculadas al sector.

La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de que La Libertad Avanza aceptara incorporar modificaciones solicitadas por bloques opositores y aliados provinciales.

El acuerdo permitió avanzar con un nuevo marco normativo que busca reemplazar el esquema de emergencia vigente por un sistema de protección y financiamiento de carácter permanente.

Sin embargo, la aprobación en Diputados representa solamente el primer paso legislativo: el proyecto todavía necesita el respaldo del Senado para convertirse en ley.

Pensiones por discapacidad: qué derechos se mantienen

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la continuidad de las pensiones por discapacidad y su compatibilidad con el empleo registrado.

La propuesta contempla que las personas beneficiarias puedan desarrollar una actividad laboral formal o inscribirse como monotributistas sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos se mantengan dentro de los límites establecidos.

Esta disposición busca evitar que el acceso al trabajo implique la pérdida inmediata de un ingreso de protección social, una preocupación recurrente entre personas con discapacidad y sus familias.

También se mantienen mecanismos de actualización de las prestaciones y criterios específicos para acceder a las pensiones, con el objetivo de reducir la discrecionalidad administrativa.

Financiamiento y cobertura médica: los puntos centrales del acuerdo

Otro de los cambios relevantes está relacionado con los recursos económicos destinados al sistema.

El texto aprobado establece garantías presupuestarias para sostener las prestaciones y contempla mecanismos de financiamiento cuando los fondos asignados resulten insuficientes.

Además, preserva la cobertura sanitaria mediante el programa federal Incluir Salud o el sistema que eventualmente lo reemplace.

En materia de servicios, se mantiene el nomenclador de prestaciones y la actualización periódica de los aranceles en función de la inflación.

Estas disposiciones resultan especialmente importantes para instituciones, centros terapéuticos, profesionales y transportistas que brindan asistencia cotidiana a personas con discapacidad.

Deudas con prestadores: plazos para regularizar los pagos

La situación económica de los prestadores fue otro de los ejes de la discusión parlamentaria.

El proyecto incorpora un mecanismo para regularizar compensaciones pendientes, con un plazo de 30 días corridos para comunicar un cronograma de pagos y 90 días para cancelar las deudas alcanzadas, en caso de que continúen impagas al momento de entrar en vigencia la norma.

El objetivo es dar mayor previsibilidad financiera a quienes sostienen servicios de rehabilitación, tratamientos, transporte y acompañamiento.

La continuidad de estas prestaciones es una preocupación para numerosas familias que dependen de ellas para garantizar la atención de sus integrantes.

Neuquén acompañó la iniciativa con todos sus diputados

La votación también tuvo un dato significativo para la provincia: los cinco representantes nacionales de Neuquén votaron a favor del proyecto.

Acompañaron la media sanción Karina Maureira, de La Neuquinidad; Soledad Mondaca, Gabriela Luciana Muñoz y Gastón Riesco, de La Libertad Avanza; y Pablo Todero, de Unión por la Patria.

De esta manera, los representantes neuquinos coincidieron en respaldar la iniciativa, más allá de sus diferencias partidarias.

El acompañamiento también fue unánime entre los diputados de Río Negro.

Un acuerdo político que no terminó con las diferencias

Aunque el resultado reflejó un amplio consenso parlamentario, el debate dejó expuestas distintas posiciones sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad.

Sectores de la oposición habían impulsado su prórroga hasta fines de 2027, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de establecer un marco permanente.

La negociación permitió acercar posiciones, pero algunas organizaciones del sector y legisladores expresaron reparos sobre la implementación efectiva de las garantías previstas.

En ese contexto, el desafío no se limita a la aprobación de una nueva norma, sino también a la disponibilidad de recursos, el cumplimiento de los plazos y la continuidad de los servicios.

El Senado tendrá la última palabra

Con la media sanción obtenida, el proyecto continuará su recorrido legislativo en la Cámara alta.

Su eventual aprobación abrirá una nueva etapa para el sistema de discapacidad, en un escenario atravesado por reclamos de financiamiento, actualización de aranceles y sostenimiento de las prestaciones.

Para las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector, el punto central será que las garantías establecidas en el texto puedan traducirse en prestaciones accesibles, pagos regulares y continuidad de la atención.

Mientras tanto, la discusión seguirá abierta hasta que el Congreso defina el futuro de la iniciativa.