Washington desembarca una base regional antinarcóticos en Argentina

Bajo el recurrente paraguas retórico de la "seguridad hemisférica" y la "lucha contra el crimen organizado transnacional", el gobierno de Javier Milei dio un paso más en el alineamiento automático con los Estados Unidos.

A través del Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva, se oficializó la llegada de un fondo superior a los 13 millones de dólares aportados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, con el objetivo de instalar en Argentina una unidad operativa regional con alcance a toda Sudamérica.

El anuncio, celebrado por la cartera de Seguridad bajo la consigna de "país confiable" y "ley y orden", destina 7,5 millones de dólares para territorio argentino y otros 5,85 millones para iniciativas transfronterizas. Supone, en los hechos, multiplicar por diez los fondos norteamericanos canalizados a las áreas de inteligencia criminal, interdicción y equipamiento local. Sin embargo, detrás del relato securitario, el dispositivo evidencia una estructura de injerencia geopolítica mucho más vasta y profunda.

La doctrina de la tutela: de la Sección 333 a la INL

El arribo de la oficina regional de la INL no es un hecho aislado ni casual. Se inscribe en una sincronía milimétricamente diseñada entre agencias civiles y militares de Washington para moldear las capacidades y doctrinas de las fuerzas argentinas:

1.   Vigilancia delegada en el Atlántico Sur: A través del Programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Socios (Building Partner Capacity), del Departamento de Defensa, la Armada y la Fuerza Aérea vienen recibiendo sensores electro-ópticos, modernización de aeronaves de patrulla marítima y drones bajo la narrativa de la "Protección de los Bienes Comunes Mundiales" (Protecting Global Commons). Un eufemismo técnico que disuelve la noción de soberanía argentina sobre la Zona Económica Exclusiva y la proyecta como un espacio abierto a la fiscalización de potencias extranjeras.

2.   Control interior y fronterizo: Mientras la Sección 333 atiende la dimensión aeronaval en el litoral atlántico, la INL asume el tutelaje de las fuerzas federales de seguridad en el continente y los corredores fluviales, integrando bases de datos de inteligencia criminal bajo estándares dictados por Washington.

3.   El cerrojo austral: Este doble despliegue tiene su ancla más sensible en Tierra del Fuego, donde las reiteradas visitas de la cúpula del Comando Sur y el impulso a la Base Naval Integrada de Ushuaia buscan garantizar a Estados Unidos el control del Pasaje de Drake, el acceso bioceánico y la proyección a la Antártida, en un escenario de abierta disputa con China y de convivencia fáctica con la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas.

Soberanía en riesgo: cuando el control deja de ser nacional

La instalación de un polo regional de la INL en la Argentina reedita viejos esquemas de seguridad que América Latina conoció en las décadas de 1980 y 1990, donde la agenda de defensa y seguridad interior de los Estados quedaba subordinada a los intereses coyunturales de la Casa Blanca.

Al delegar la arquitectura de inteligencia, los sistemas de monitoreo y la doctrina operativa en agencias foráneas, el país no solo cede autonomía decisoria sobre sus prioridades de seguridad interior, sino que condiciona su posicionamiento exterior frente a terceros países de la región. Todo esto en un contexto donde el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay y los accesos a la Milla 200 ya cuentan con crecientes niveles de intervención y monitoreo exterior