
Con un aporte de u$s 13 millones de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL), el Gobierno consolida la subordinación doctrinaria y operativa a las directivas de seguridad del Pentágono y el Departamento de Estado. La medida se suma al Programa 333 en el Atlántico Sur y a la gravitación del Comando Sur en Tierra del Fuego.
















