Una víctima cada 33 horas: la violencia de género mantiene una dimensión crítica en Argentina

Esa es la dimensión que alcanzó la violencia letal por motivos de género en Argentina durante 2026, según el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta y elaborado a partir del monitoreo de medios gráficos y digitales de todo el país.

Entre el 1 de enero y el 29 de septiembre fueron contabilizadas 200 víctimas letales: 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. El informe registró además 306 intentos de femicidio durante el mismo período. Ahora Que Si Nos Ven

La cifra exige una precisión: no corresponde hablar técnicamente de “200 femicidios directos”. Son 200 víctimas letales dentro de las distintas categorías relevadas por el Observatorio, de las cuales 167 corresponden específicamente a femicidios directos. La distinción no disminuye la gravedad del cuadro; permite dimensionarlo correctamente.

La amenaza está, en la mayoría de los casos, dentro del círculo íntimo

Uno de los datos más contundentes del relevamiento aparece cuando se observa la relación entre las víctimas y sus agresores. El 41,5% eran parejas y el 22,5% exparejas. Sumados, representan el 64% de los casos.

La violencia extrema, por lo tanto, no aparece mayoritariamente asociada a desconocidos. Se produce dentro de relaciones afectivas presentes o pasadas, muchas veces después de períodos previos de control, hostigamiento, amenazas, dependencia económica o agresiones.

El lugar de los hechos confirma esa característica. El 41% ocurrió en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en una vivienda compartida con el agresor. En conjunto, casi dos de cada tres hechos letales se produjeron dentro del espacio que debería representar seguridad y protección. 

Hay otro número especialmente preocupante: 28 víctimas habían realizado previamente una denuncia y 17 contaban con medidas judiciales. Es decir, en un conjunto significativo de casos el sistema ya había tenido algún tipo de conocimiento previo de la situación de violencia.

Ese dato no permite afirmar que todas esas muertes fueran automáticamente evitables ni establecer responsabilidades individuales sin conocer cada expediente. Pero sí coloca en discusión la eficacia de los mecanismos disponibles para evaluar el riesgo, controlar a los agresores y garantizar que una prohibición de acercamiento, una medida cautelar o un dispositivo de protección puedan efectivamente proteger a una persona amenazada.

Más de 200 chicos quedaron sin sus madres

Los efectos de los femicidios tampoco terminan en las víctimas directas. El relevamiento registra al menos 202 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. 

Son víctimas indirectas que rara vez ocupan el centro de las estadísticas: chicos que deben atravesar simultáneamente un duelo traumático, la reorganización de su estructura familiar y, en numerosos casos, consecuencias económicas, sociales y psicológicas de largo plazo.

Cada femicidio deja así una onda expansiva que atraviesa familias completas.

No es una fotografía aislada de 2026

Los datos oficiales de la Justicia muestran que el fenómeno no nació este año.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, identificó durante 2025 200 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado, dentro de 204 causas judiciales. En promedio hubo una víctima directa cada 44 horas y la tasa nacional fue de 0,85 víctimas cada 100.000 mujeres. Corte Suprema de Justicia

En 2024, el registro judicial había contabilizado 228 víctimas directas y 19 víctimas de femicidio vinculado, un total de 247 víctimas letales de violencia de género. 

Las cifras de la Corte Suprema y las de Ahora Que Sí Nos Ven no deben compararse mecánicamente. La Corte trabaja sobre causas judiciales y consolida sus datos una vez concluido el año; el Observatorio realiza un monitoreo de medios que permite seguir el fenómeno prácticamente en tiempo real. Son metodologías diferentes y por eso sería incorrecto calcular a partir de ellas una variación porcentual directa.

Pero ambas fuentes permiten reconocer un mismo patrón: la violencia letal por razones de género permanece instalada en Argentina con una frecuencia extraordinariamente alta.

Un Estado con menos herramientas

La persistencia de esos números coincide, además, con una retracción de algunas de las principales políticas nacionales destinadas a prevenir y atender situaciones de violencia.

Uno de los ejemplos más claros es el Programa Acompañar, creado para facilitar autonomía económica a personas en situaciones de riesgo por violencia de género. En agosto de 2024, el Gobierno nacional modificó sus condiciones mediante el Decreto 755/2024: estableció como requisito acreditar una denuncia judicial o policial y redujo la prestación económica de seis a tres meses consecutivos, manteniendo el equivalente a un salario mínimo mensual. Gobierno de Argentina

A ello se suma el componente presupuestario. Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia —ACIJ— indicó que durante 2024 el presupuesto del Programa Acompañar cayó 90% respecto de 2023, mientras que su cobertura pasó de más de 100.000 personas durante 2023 a apenas 434 durante 2024. El mismo relevamiento sostiene que la Línea 144 perdió alrededor de dos tercios de su presupuesto durante 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras. Desde 2025, además, ambas políticas dejaron de contar con partidas presupuestarias específicas que permitan seguir con claridad sus recursos y ejecución. 

Sería incorrecto establecer una relación causal automática entre un recorte presupuestario y un femicidio determinado. La violencia de género es un fenómeno complejo que responde a múltiples factores sociales, culturales, económicos e institucionales.

Pero tampoco puede ignorarse que la capacidad de prevención depende de recursos: equipos profesionales, refugios, asistencia económica, seguimiento judicial, dispositivos de alerta, acompañamiento territorial y mecanismos que permitan a una víctima abandonar una relación violenta sin quedar inmediatamente expuesta a la pobreza o a tener que regresar con su agresor.

No alcanza, por lo tanto, con medir cuántas denuncias se reciben. La pregunta central es qué sucede después de la denuncia.

El dato que debería incomodar

Hay una lectura de las estadísticas que excede cualquier discusión partidaria.

Si el 64% de los agresores eran parejas o exparejas, si casi dos tercios de los hechos ocurrieron dentro de viviendas y si algunas víctimas habían denunciado previamente o contaban con medidas judiciales, una parte sustancial del problema transcurre antes del asesinato.

El femicidio representa el extremo de una cadena de violencias que puede comenzar mucho antes: aislamiento, control económico, persecución, amenazas, violencia psicológica, agresiones físicas y escaladas que pueden hacerse visibles para familiares, vecinos, organismos públicos, fuerzas de seguridad o tribunales.

Por eso, 200 víctimas letales no son solamente 200 casos policiales. Constituyen una señal sobre la capacidad —o incapacidad— de la sociedad y del Estado para intervenir antes del último episodio.

Y detrás del número aparecen otras cifras que deberían impedir que el tema sea reducido a una discusión estadística: 167 femicidios directos; 306 intentos; 28 víctimas que habían denunciado; 17 con medidas judiciales; al menos 202 chicos que perdieron a sus madres.

Después de más de una década desde aquel primer grito masivo de Ni Una Menos, Argentina continúa contabilizando mujeres asesinadas por quienes eran o habían sido sus parejas con una frecuencia que se mide en horas, no en semanas ni en meses.

El debate entonces no debería limitarse a determinar si un año hubo algunos casos más o algunos casos menos.

La pregunta es mucho más incómoda: cuántas de esas muertes podrían evitarse si una mujer que denuncia, pide ayuda o intenta abandonar una relación violenta encuentra detrás de esa decisión un sistema capaz de protegerla efectivamente.

La Línea 144 continúa disponible gratuitamente durante las 24 horas, los 365 días del año, para brindar contención, información y asesoramiento ante situaciones de violencia de género. Ante una emergencia o riesgo inmediato corresponde comunicarse con el 911.