INVESTIGACIÓN: Cómo avanza la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil tras el homicidio en Cutral Co

El homicidio de Walter Yáñez, de 28 años, ocurrido en la localidad de Cutral Co, se convirtió en uno de los primeros expedientes en la provincia de Neuquén en tramitarse bajo los parámetros del nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde este mes de septiembre. Por el hecho fue imputado un adolescente de 17 años, cuya audiencia de formulación de cargos se desarrolló a puertas cerradas debido a los protocolos de confidencialidad que contempla el fuero especializado.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en una plaza del sector denominado "500 Viviendas", en el barrio Libertador General San Martín. Yáñez fue alcanzado por dos disparos —uno en el abdomen y otro en una extremidad— y derivado en código rojo al hospital Complejidad VI de Cutral Co, donde falleció producto de la gravedad de las lesiones. Horas más tarde, el joven sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia Penal Juvenil.

Las claves del nuevo marco normativo

El proceso aplica las disposiciones de la Ley 27.801, normativa que estableció un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años y derogó el esquema legal vigente desde 1980. Entre sus ejes principales, la ley fija la reserva absoluta de las actuaciones para proteger la identidad de los punibles y garantiza el debido proceso bajo presunción de inocencia.

En materia de medidas cautelares y penas, el nuevo plexo legal contempla:

• Restricciones a la libertad: Las medidas privativas de la libertad son de carácter excepcional, fundado y proporcional.

• Topes punitivos: Se prohíbe de forma expresa la pena de prisión perpetua y se establece un tope máximo de 15 años de prisión para personas menores de edad.

• Limitaciones en delitos graves: En causas con resultado de muerte, la norma limita la sustitución de penas de prisión por medidas alternativas.

Plazos y tareas de investigación

La fiscalía interviniente trabaja en la reconstrucción del hecho para precisar las circunstancias del ataque, determinar la existencia de conflictos previos y hallar el arma de fuego empleada, que aún no fue localizada. El juez de garantías fijó un plazo de investigación de cuatro meses, período durante el cual se mantendrán las garantías de reserva que exige la legislación juvenil para todos los intervinientes.