Jueces a medida: las alertas detrás de los 143 pliegos que envió el Gobierno

Una vacante judicial puede significar años de espera para quien necesita una sentencia. Pero cubrirla tampoco puede convertirse en una negociación entre quienes gobiernan y quienes mañana deberán controlar al poder.

Esa es la tensión que atraviesa el nuevo informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elaborado junto con INECIP sobre las candidaturas enviadas por el gobierno de Javier Milei al Senado. Entre fines de marzo y agosto de 2026, el Ejecutivo remitió 143 pliegos para designar jueces y juezas. Según el informe, cuando fue publicado, 131 ya tenían acuerdo del Senado y 121 contaban con decreto de designación.

El estudio se concentra en los últimos 76 pliegos de esa serie. Allí aparece una pregunta difícil de esquivar: ¿cuánto pesa el resultado de un concurso cuando llega la hora de elegir a quien ocupará el juzgado? Trece personas ascendieron más de diez posiciones entre el primer orden de mérito, construido a partir del examen y los antecedentes, y el orden final aprobado por el Consejo de la Magistratura.

El salto más pronunciado fue de 84 lugares. ACIJ calcula, además, que 29 de las 76 personas propuestas no habrían estado en condiciones de ser elegidas si se hubiera respetado su posición inicial y la cantidad de cargos concursados.

Un cambio de posición no prueba por sí mismo un acomodo: puede responder, por ejemplo, a una impugnación fundada o a reglas de género. El problema señalado por las organizaciones es el margen de discrecionalidad de etapas posteriores, especialmente las entrevistas, y la dificultad de reconstruir con criterios objetivos por qué algunas candidaturas terminaron por delante de otras.

Los 39 concursos de los que surgieron estos pliegos demoraron, en promedio, siete años desde su inicio hasta la elevación de las propuestas al Senado; uno llegó a los 14. Durante todo ese tiempo, los tribunales siguieron funcionando con cargos vacantes y las reglas del juego quedaron expuestas a nuevas intervenciones.

La objeción más grave del informe apunta al uso de las ternas. ACIJ sostiene que, en 20 propuestas correspondientes a 11 concursos, el Ejecutivo eligió a más de una persona de una misma terna y dejó sin utilizar otras. Para la organización, esa práctica desconoce el carácter vinculante de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura y amplía indebidamente el margen de elección presidencial.

También cuestiona dos casos en los que, según su análisis, se recurrió a listas complementarias sin que estuvieran dadas las condiciones para hacerlo. ACIJ presentó una acción judicial que impugna 21 pliegos en total, incluido uno de la primera tanda. Son planteos jurídicos concretos y de enorme importancia institucional, aunque todavía no una declaración judicial de invalidez de esas designaciones.

El relevamiento también identifica vínculos que merecen escrutinio público. Menciona a Juan Tomás Rodríguez Ponte, cónyuge de la fiscal Alejandra Mangano, quien investigó el viaje a Uruguay del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni; a Facundo Carlos Cortés, primo del diputado oficialista y consejero de la Magistratura Gonzalo Roca; y a Emiliano Méndez Ortiz, quien ocupaba un cargo en el Ministerio de Justicia antes de ser propuesto como juez federal. Otros seis postulantes trabajaban en juzgados donde se tramitaban causas sensibles para el Ejecutivo.

Ninguna de esas relaciones demuestra por sí sola falta de independencia, advierte la propia ACIJ. Precisamente por eso, la decisión de elegirlos debe estar especialmente fundada y abierta al control público.

Hay, además, una continuidad que habla del poder judicial que se está construyendo: de las 76 personas propuestas en esta etapa, 51 son hombres y 25 mujeres. Lejos de corregir la desigualdad existente en los cargos de magistratura, la selección la reproduce.

Argentina necesita cubrir sus juzgados vacantes. La demora también lesiona derechos y favorece una Justicia que llega tarde. Pero esa urgencia no le entrega al Gobierno un cheque en blanco ni libera al Senado de explicar qué está aprobando. Si una persona salta decenas de lugares, si se altera el uso de las ternas o si existen relaciones capaces de sembrar dudas sobre la independencia, la respuesta institucional no puede ser pedir confianza. Tiene que ser mostrar los fundamentos.

Los jueces que decidan sobre los derechos de la sociedad y los actos del poder no deberían llegar al cargo rodeados de preguntas que el propio Estado se negó a contestar.