El Gobierno porteño pedirá el jury contra la jueza que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil

Una profunda controversia política y judicial se desató en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de un fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. La jueza Laura Beatriz De Marinis declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso concreto y dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años imputado por un intento de robo.

La resolución provocó una inmediata reacción del Poder Ejecutivo porteño. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, confirmó que impulsará el juicio político (jury) contra la magistrada a título personal, al considerar que la decisión contraviene el espíritu de la norma aprobada por el Congreso Nacional que redujo la edad de imputabilidad.

La postura del Ministerio de Justicia

En declaraciones radiales, Tapia expresó el malestar del Gobierno de la Ciudad y cuestionó el alcance de la interpretación judicial: “Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo en el Congreso Nacional para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, afirmó el funcionario, añadiendo que “los jueces no están para interpretar la ley, sino para aplicarla”.

Asimismo, el ministro llevó tranquilidad respecto a la aplicabilidad del marco legal en la jurisdicción porteña: “Es un fallo de primera instancia que se aplica únicamente a este caso en particular. La ley sigue estando vigente en la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó Tapia.

Los argumentos del fallo

En su resolución, la jueza De Marinis fundamentó su decisión en el principio de proporcionalidad y el estándar de no regresividad en materia de derechos de la infancia, argumentando que el Estado debe priorizar el abordaje asistencial por sobre la punición penal cuando se trata de menores de edad.

“Ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol”, sostuvo la magistrada en el texto del fallo, señalando además que la incorporación al sistema penal debe ser contemplada siempre como la última opción.

La presentación formal del pedido de jury quedará ahora a consideración del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que deberá determinar si la actuación de la jueza constituye una causal de mal desempeño en sus funciones.