NeuquenNewsLa causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en los tribunales. A través de su defensa, el exfuncionario presentó un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita con el objetivo de justificar la tenencia de más de medio millón de dólares en efectivo declarados al cierre de 2023. La explicación oficial atribuye el origen de estos fondos a la liquidación de ocho wallets de Bitcoin que operó entre 2014 y 2018.
Sin embargo, los detalles de la presentación judicial abrieron serios interrogantes entre analistas financieros y expertos en ciberseguridad, quienes remarcan inconsistencias en la mecánica de las operaciones informadas y en las pruebas aportadas.
Según el escrito patrocinado por el abogado Matías Ledesma, Adorni comenzó a comprar criptomonedas en octubre de 2014 con ahorros personales por fuera del sistema bancario. En ese período, y con mayor intensidad en 2017 —año en el que afirma haber invertido más del 99% del capital (unos US$ 199.883)—, las transacciones se realizaban bajo la modalidad Peer-to-Peer (P2P): encuentros presenciales en lugares públicos con desconocidos para intercambiar dólares billete por transferencias de Bitcoin.
Si bien especialistas del sector confirman que el comercio P2P en cafés o espacios públicos era habitual en los comienzos del mercado cripto local para montos menores, cuestionan la escala de las cifras declaradas. En junio de 2017, por ejemplo, la defensa indicó una operación por US$ 110.000 (40 BTC). Para los analistas, concretar transacciones en efectivo de semejante magnitud en la vía pública no solo resulta atípico, sino extremadamente riesgoso, ya que ese volumen de capital solía canalizarse mediante mesas de negociación (Over-The-Counter u OTC) con protocolos de seguridad y documentación de respaldo.
Para acreditar la titularidad de los fondos, la defensa sostuvo que Adorni firmó un mensaje criptográfico desde cada una de las ocho billeteras utilizando sus claves privadas, un procedimiento que fue constatado ante un escribano público. Posteriormente, las claves fueron entregadas a la Justicia en un sobre lacrado.
No obstante, expertos en la tecnología blockchain advierten sobre las limitaciones de este método. La firma con clave privada demuestra de forma fehaciente que una persona tiene acceso a la billetera en la actualidad, pero no prueba la propiedad histórica de los activos. En términos técnicos, no hay forma de verificar a través de este mecanismo quién gestionaba la wallet entre 2014 y 2017, dejando abierta la posibilidad teórica de que las claves hayan sido transferidas o cedidas recientemente.
La hipótesis de los Bitcoins cobró estado público a mediados de año durante una entrevista periodística y fue incorporada mediante declaraciones juradas rectificativas, ya que el dinero no figuraba en las presentaciones originales. En aquella oportunidad, el propio exfuncionario admitió que junto a su esposa mantuvieron los fondos en la informalidad: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", declaró.
Al no existir boletos de compraventa, registros bancarios ni comprobantes en plataformas de intercambio (exchanges), la investigación judicial se centra ahora en determinar si el rastreo de las transacciones en la red blockchain permite validar el flujo original de los fondos o si el fiscal solicitará medidas de prueba adicionales para definir la situación procesal.
