NeuquenNewsLa denuncia presentada ante la Justicia federal contra el vínculo tecnológico entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) y la compañía china Huawei incorpora un nuevo capítulo a una controversia que comenzó siendo comercial, pasó rápidamente al terreno diplomático y ahora intenta instalarse como un asunto vinculado con la seguridad nacional.
El abogado santacruceño Sergio Luis Macagno solicitó que se investiguen los acuerdos entre ambas organizaciones, el viaje de directivos de CALF a China, los proyectos tecnológicos evaluados durante esa visita y una eventual relación de esa infraestructura con activos estratégicos vinculados a Vaca Muerta. La presentación tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, y reclama una serie de medidas de prueba destinadas precisamente a determinar el alcance de los contratos, la arquitectura tecnológica utilizada y las condiciones de seguridad existentes.
Ese último dato resulta central para dimensionar correctamente el alcance actual del caso: una denuncia no equivale a la existencia de un delito, una imputación no surge automáticamente de una presentación y mucho menos constituye una sentencia. En este caso, además, buena parte de aquello que se plantea como un potencial peligro es justamente lo que el denunciante pretende que la Justicia investigue.
Hasta este 24 de agosto, de la información pública disponible no surge ninguna pericia judicial que haya detectado accesos indebidos, filtraciones de información, espionaje, vulneraciones de sistemas o interferencias sobre infraestructura crítica atribuibles a Huawei dentro de CALF. Tampoco existe una resolución judicial conocida que haya determinado que la cooperativa puso en riesgo la seguridad nacional.
Lo que existe, por ahora, es una hipótesis que debe ser demostrada.
La secuencia temporal agrega inevitablemente un componente político a la discusión.
Antes de la presentación judicial, la Embajada de Estados Unidos en Argentina había cuestionado expresamente el vínculo de CALF con Huawei. El conflicto comenzó con mensajes recibidos el 12 de julio por un gerente de la cooperativa, en los que un funcionario estadounidense hizo referencia a posibles restricciones o revocaciones de visas vinculadas con la expansión de la compañía china y preguntó si existía la posibilidad de cancelar una iniciativa tecnológica de CALF.
La cooperativa respondió reclamando que cualquier objeción sobre seguridad fuera realizada formalmente y acompañada por fundamentos técnicos. Más tarde, el propio embajador estadounidense Peter Lamelas confirmó por escrito que aquellas comunicaciones reflejaban la política de Estados Unidos y solicitó una reunión para conocer las compras tecnológicas previstas por CALF.
Pocos días después apareció una denuncia federal construida alrededor de conceptos notablemente similares: seguridad nacional, soberanía tecnológica, infraestructura crítica, datos estratégicos y Vaca Muerta.
La coincidencia argumental y temporal no demuestra por sí sola que exista coordinación alguna entre la representación diplomática estadounidense y el denunciante, y sería incorrecto afirmarlo sin pruebas. Pero tampoco puede ser ignorada cuando se analiza el contexto completo en el que apareció la presentación judicial.
La discusión sobre Huawei forma parte desde hace años de la disputa tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China. Washington considera a la compañía china un riesgo para sus intereses de seguridad y aplica restricciones dentro de su propio territorio. El problema aparece cuando esa política pretende transformarse en un parámetro que determine qué empresas puede contratar una organización argentina dentro de Argentina.
Hay otro elemento que la discusión pública parece haber dejado en segundo plano: CALF es una cooperativa argentina y sus decisiones deben regirse por la legislación argentina, sus estatutos y los mecanismos institucionales de control correspondientes, no por las preferencias comerciales de una embajada extranjera.
Su estructura de conducción tampoco surge de una designación empresarial externa.
El Estatuto Social establece elecciones de distrito en las que los asociados habilitados eligen delegados mediante voto secreto. Esos delegados integran posteriormente la Asamblea Ordinaria, que tiene entre sus atribuciones elegir mediante votación a los integrantes titulares y suplentes del Consejo de Administración y a los síndicos. Los miembros del Consejo son elegidos por períodos de tres ejercicios y posteriormente el propio órgano distribuye internamente sus cargos.
La actual conducción responde precisamente a ese procedimiento. En enero de 2026, después de la Asamblea Ordinaria de Delegados, los integrantes del Consejo de Administración eligieron internamente a Marcelo Severini como presidente. En aquella Asamblea participaron 97 delegados.
Esto no significa que CALF esté exenta de controles ni que cualquier decisión de sus autoridades deba quedar fuera del escrutinio público. Administra servicios esenciales, maneja recursos de sus asociados y desarrolla infraestructura relevante para una ciudad que crece aceleradamente, por lo que debe rendir cuentas y cumplir las normas nacionales, provinciales y municipales que correspondan.
Pero control institucional es una cosa y condicionamiento extranjero es otra muy distinta.
Mientras CALF actúe dentro de la legislación argentina, sus autoridades tienen la responsabilidad de evaluar tecnologías, proveedores, precios, financiamiento y condiciones técnicas y elegir aquellas alternativas que consideren más convenientes para prestar mejores servicios a sus asociados.
Si existe una vulnerabilidad concreta, debe probarse técnicamente.
Si existe una violación de una norma argentina, debe identificarse.
Y si existe un delito, deberá demostrarlo la Justicia.
La nacionalidad china de un proveedor, por sí sola, no constituye ninguno de esos supuestos.
Presentar la relación CALF-Huawei como una anomalía resulta además difícil de sostener cuando se observa el mercado tecnológico argentino.
Huawei opera desde hace años en infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales utilizados por compañías de primera línea. Telecom Argentina, por ejemplo, mantiene relaciones tecnológicas con Huawei y en mayo de 2026 ambas compañías difundieron conjuntamente la estrategia de infraestructura híbrida y multicloud de la operadora argentina.
Más significativo todavía resulta el caso de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), una infraestructura fundamental del sistema financiero nacional, que actualmente ofrece entre sus servicios tecnológicos una nube pública Telecom/Huawei para sus agentes miembros. La propia BYMA promociona esa infraestructura dentro de su oferta oficial.
Y en marzo de este mismo año la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) firmó un memorando de entendimiento con Huawei para trabajar en redes privadas inalámbricas, distribución eléctrica inteligente y operaciones de banda ancha.
Estos antecedentes no demuestran que ninguna tecnología sea invulnerable ni eximen a CALF de realizar sus propios controles de ciberseguridad. Lo que demuestran es algo mucho más sencillo: la contratación de Huawei no constituye en sí misma una conducta excepcional ni clandestina dentro de la Argentina.
Por eso, si existe un riesgo particular en Neuquén que no existe en Córdoba, Telecom o la infraestructura tecnológica utilizada por el mercado financiero argentino, ese riesgo necesita ser explicado y acreditado técnicamente.
Hasta ahora, ese elemento no aparece demostrado públicamente.
CALF anunció oficialmente su alianza con Huawei el 29 de octubre de 2024, cuando comenzó la construcción de la red de fibra óptica de CALFIBRA. La compañía china fue seleccionada como proveedora de equipamiento electrónico para la nueva infraestructura de conectividad.
Posteriormente, la relación tecnológica se profundizó.
Durante una visita realizada a China en 2026, representantes de CALF conocieron desarrollos vinculados con redes eléctricas inteligentes, conectividad, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y soluciones de infraestructura digital. También se analizó técnicamente un futuro Data Center proyectado junto con la Municipalidad de Neuquén dentro del Polo Tecnológico.
La propia cooperativa sostiene que el objetivo es ampliar capacidades, reducir costos, mejorar la prestación de servicios y desarrollar infraestructura tecnológica propia en una provincia cuya expansión demográfica, industrial y energética exige cada vez mayores niveles de conectividad.
Nada de ello debería otorgarle inmunidad frente a controles.
Pero tampoco debería convertirse automáticamente en materia penal porque el proveedor seleccionado pertenece a un país que compite comercial y estratégicamente con Estados Unidos.
Ese es, probablemente, el aspecto más relevante de toda esta controversia.
El debate real ya no parece limitarse a determinar si un determinado equipamiento cumple con condiciones técnicas de seguridad. La discusión comienza a mostrar características propias de la competencia entre Washington y Beijing por el control de la infraestructura digital, las telecomunicaciones, los centros de datos y las redes asociadas a sectores estratégicos de América Latina.
Vaca Muerta convierte a Neuquén en un territorio especialmente sensible dentro de esa disputa.
Pero que Vaca Muerta sea estratégica para Estados Unidos, China o cualquier otra potencia no significa que las decisiones sobre la infraestructura neuquina deban adoptarse en función de los intereses de esos países.
La soberanía tecnológica que se invoca para cuestionar a Huawei debería comenzar precisamente por allí: por reconocer la capacidad de las instituciones argentinas para decidir con quién contratar, exigir estándares de seguridad, auditar tecnologías y proteger sus datos sin recibir instrucciones comerciales de gobiernos extranjeros.
CALF hizo algo elemental frente al cuestionamiento estadounidense: pidió que cualquier advertencia concreta sobre seguridad fuera presentada formalmente y acompañada de fundamentos técnicos. Esa parece una respuesta mucho más razonable que aceptar que la sola nacionalidad de una empresa determine automáticamente si puede o no participar de un proyecto.
La Justicia tendrá ahora la posibilidad de analizar la denuncia de Macagno y decidir si existen elementos que justifiquen avanzar.
Hasta entonces conviene no invertir la carga de la prueba.
CALF no tiene que demostrar que es inocente de un riesgo que todavía nadie acreditó. Quien sostiene que la cooperativa comprometió la seguridad nacional deberá demostrar cómo, mediante qué tecnología, sobre qué infraestructura y a partir de qué hechos concretos.
Y mientras eso no ocurra, la discusión debería permanecer donde corresponde: en la capacidad de una cooperativa neuquina, administrada mediante los mecanismos democráticos establecidos por sus asociados, de buscar las tecnologías y alianzas que considere más eficientes para mejorar sus servicios, siempre bajo las leyes y los controles de la República Argentina.
Porque defender la soberanía no puede significar reemplazar decisiones tomadas en Neuquén por decisiones tomadas en Washington.
