NeuquenNewsEl conflicto entre PAMI y las clínicas privadas de la Patagonia ingresó en una instancia crítica. El próximo lunes 24 de agosto, 28 instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspenderán durante 24 horas las prestaciones programadas para los afiliados de la obra social nacional de jubilados y pensionados.
La decisión alcanza a consultas, estudios, prácticas ambulatorias e internaciones programadas. Las emergencias serán atendidas, según aclararon los propios prestadores, una precisión importante frente a la expresión “suspensión total” utilizada inicialmente en el comunicado.
En Neuquén se sumarán a la medida ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco. En las cuatro provincias, los 28 establecimientos firmantes aseguran brindar servicios a aproximadamente 300.000 afiliados de PAMI.
Pero el paro del lunes no apareció de un día para otro. Desde hace aproximadamente dos meses los prestadores vienen aplicando restricciones en guardias, recepción de derivaciones y programación de determinadas cirugías, mientras reclaman una recomposición de los valores que PAMI paga por las prestaciones.
El centro del conflicto es económico.
De acuerdo con los números presentados por las clínicas, entre enero de 2024 y julio de 2026 los precios acumularon una suba del 341%, mientras que los aranceles abonados por PAMI aumentaron nominalmente 143%. El dato de inflación utilizado por los prestadores surge de la evolución del IPC del INDEC; el organismo estadístico informó para julio último un aumento mensual de 2,1%.
Según el cálculo del sector, los valores actuales necesitarían una recomposición del orden del 75% al 80% para recuperar el terreno perdido frente a los precios. Los prestadores, sin embargo, aclaran que no están reclamando ese aumento de manera inmediata, sino un mecanismo progresivo de recuperación.
El representante de las instituciones, Andrés Sabalette, explicó que el primer incremento correspondiente a este año recién comenzaría a cobrarse entre fines de septiembre y octubre y tendría un impacto real cercano al 6%. Según sostuvo, buena parte de 2026 las clínicas continuaron trabajando prácticamente con valores de 2025.
La comparación con el año pasado también resulta significativa: frente a una inflación anual de alrededor del 32%, los aranceles de PAMI aumentaron 16%, de acuerdo con la información proporcionada por los prestadores.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa cuánto pesa PAMI dentro del sistema sanitario privado de la Patagonia.
Las instituciones involucradas estiman que la obra social representa, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus ingresos, aunque existen establecimientos con una dependencia todavía mayor. Además, el conjunto de prestadores que participa del reclamo sostiene aproximadamente 10.000 puestos de trabajo directos.
El modelo de contratación patagónico tiene además una particularidad. A diferencia del sistema capitado utilizado en buena parte del país, aquí PAMI paga mediante módulos por prestación, una modalidad vinculada con las grandes distancias y la dispersión geográfica de la población.
Un módulo puede englobar una internación, una atención en terapia intensiva, una guardia o una cirugía, incluyendo dentro de una misma suma honorarios profesionales, medicamentos, materiales, insumos y costos de infraestructura.
Los prestadores sostienen que allí aparece uno de los problemas centrales: en determinadas prácticas, el monto reconocido por PAMI ya no alcanza para cubrir siquiera los costos directos.
Sabalette utilizó como ejemplo la atención de una guardia. El módulo debe cubrir al médico, enfermería, materiales, eventuales suturas, laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y medicamentos. Según su explicación, cuando se promedian esos costos, el valor reconocido por PAMI queda por debajo del costo directo, incluso antes de computar la estructura necesaria para mantener una guardia abierta las 24 horas.
Los cupos, otro punto del conflicto
A la discusión arancelaria se agrega un cuestionamiento al sistema de cupos.
Las clínicas denuncian que PAMI estableció límites para determinadas prestaciones ambulatorias, con un tope por afiliado y otro por prestador. Según las instituciones, ese mecanismo termina funcionando como un techo sobre el gasto independientemente de las necesidades sanitarias de los pacientes.
El resultado es una combinación particularmente delicada: valores que los establecimientos consideran insuficientes, cupos sobre algunas prestaciones y una población de jubilados y pensionados que, por razones obvias, necesita utilizar el sistema sanitario con mayor frecuencia que otros grupos etarios.
Hasta el momento no existe una solución.
Consultado por La Nación, PAMI aseguró que no había recibido una notificación formal de la medida anunciada para el lunes, pese a que los representantes de las clínicas afirman haber mantenido reuniones y comunicaciones con autoridades regionales y nacionales.
El organismo ya había reconocido en junio una situación de “estrés presupuestario” cuando se produjeron las primeras restricciones en la Patagonia. En aquel momento sostuvo que analizaría el reclamo y recordó que los prestadores patagónicos históricamente tuvieron un nomenclador superior al de otras regiones del país.
Existe, por lo tanto, una diferencia que todavía debe resolverse entre las partes: las clínicas consideran reconocido el deterioro de los valores pero insuficientes las respuestas económicas; PAMI admite restricciones presupuestarias, pero hasta ahora no anunció públicamente una recomposición de la magnitud reclamada.
La discusión contable entre PAMI y los prestadores termina trasladándose inevitablemente a quienes menos capacidad tienen para resolverla: los afiliados.
El lunes las emergencias continuarán funcionando, pero miles de consultas, estudios, intervenciones y prestaciones programadas podrían verse alteradas si no aparece un acuerdo durante el fin de semana.
Y el problema no termina en esas 24 horas.
Las clínicas advierten que, si no existe una respuesta, deberán evaluar nuevas restricciones. Sabalette fue explícito: el objetivo es lograr antes del lunes alguna propuesta que permita iniciar una recuperación progresiva de los aranceles. De lo contrario, volverán a discutir qué prestaciones pueden sostener.
Detrás de la discusión aparece entonces una pregunta mucho más profunda que la suspensión del próximo lunes: ¿quién está financiando hoy la diferencia entre lo que PAMI paga y lo que cuesta efectivamente atender a sus afiliados?
Si los números presentados por los prestadores son correctos, durante más de dos años una parte creciente de esa diferencia fue absorbida por clínicas y sanatorios. Pero ese mecanismo tiene un límite. Cuando se alcanza, el ajuste termina apareciendo donde siempre resulta más sensible: en las prestaciones disponibles para jubilados y pensionados.
El lunes 24 puede ser apenas una jornada de protesta. O puede convertirse en la señal más visible de un problema de financiamiento que viene acumulándose silenciosamente desde hace meses.
