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El Gobierno modificó las reglas para investigar amenazas en redes

La nueva normativa alcanza a las fuerzas federales y limita el tratamiento de datos de menores sin autorización judicial. Se establecen excepciones ante riesgos graves, como amenazas de violencia masiva en escuelas.

El Gobierno nacional dispuso cambios en los protocolos que deben aplicar las fuerzas policiales y de seguridad federales en la prevención de delitos en internet. La medida fue oficializada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa establece que el personal interviniente deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y mantiene la prohibición de tratar sin autorización judicial datos sensibles y publicaciones realizadas por menores. La disposición alcanza a las fuerzas federales, aunque no modifica automáticamente los protocolos de las policías provinciales.

Cuando en una tarea preventiva surja certeza o presunción de que la actividad involucra a un menor, el procedimiento deberá suspenderse, dejar constancia en el registro correspondiente y comunicar la situación a la autoridad responsable.

Excepciones contempladas

La resolución prevé cinco situaciones en las que se podrá continuar con la intervención:

  • Riesgo de vida para el menor.

  • Situaciones de desamparo, fuga o sustracción de su entorno.

  • Indicios de conductas autolesivas o suicidas.

  • Presunta comisión de un delito en tiempo real a través de internet, cuya interrupción afecte la prevención o identificación del autor.

  • Riesgos para otras personas, incluyendo amenazas o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios públicos.

En estos casos, la excepción puede aplicarse tanto si el menor es considerado víctima como si aparece como presunto autor.

Fundamentación

El Ministerio de Seguridad Nacional justificó la modificación en el crecimiento de los ciberdelitos y en los casos recientes de amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas en redes sociales y plataformas digitales.

Cuando se utilice alguna de las excepciones, los agentes deberán dejar constancia detallada de las circunstancias que justificaron continuar con la tarea y comunicar inmediatamente la situación a la autoridad responsable.

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