NeuquenNewsIdaho ingresó oficialmente en una zona oscura de la historia contemporánea. Desde el 1 de julio de 2026, el pelotón de fusilamiento es el método principal para ejecutar a las personas condenadas a muerte en ese estado norteamericano.
La inyección letal no fue eliminada, pero quedó como método alternativo. La legislación establece que el director del Departamento Correccional deberá certificar, dentro de los cinco días posteriores a la emisión de una orden de ejecución, si el fusilamiento está disponible. Si lo está, será el procedimiento obligatorio. La inyección solo podrá emplearse si el pelotón no puede actuar o si una decisión judicial impide utilizarlo.
La modificación fue aprobada mediante la ley HB 37, firmada por el gobernador republicano Brad Little en marzo de 2025. Idaho se convirtió así en el único estado norteamericano que coloca al fusilamiento como método prioritario, aunque Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah también lo mantienen autorizado en determinadas circunstancias.
No se trata solamente de una reforma legal. El Departamento Correccional publicó el 8 de junio de 2026 un procedimiento operativo de 36 páginas y un protocolo específico que determina quiénes podrán disparar, cómo deberán entrenarse, qué municiones emplearán y de qué manera se protegerá su identidad.
La muerte dejó de ser una abstracción judicial para convertirse en una estructura administrativa con responsables, cronogramas, inventarios, simulacros y evaluaciones de puntería.
El equipo previsto estará compuesto por seis voluntarios: tres tiradores, dos suplentes y un jefe. Los tres primeros serán quienes realizarán la descarga. Los suplentes deberán estar preparados para reemplazarlos y el jefe será responsable de controlar el equipamiento, cargar las armas y marcar la cadencia para que los disparos se produzcan simultáneamente.
El reglamento exige que los aspirantes tengan al menos tres años de certificación como agentes de paz bajo el sistema estatal POST y experiencia acreditada en el uso de armas de fuego. No podrán haber recibido sanciones durante el año anterior por el uso de armas, empleo de la fuerza o conductas similares. Tampoco podrán tener vínculos familiares o legales con el condenado, sus familiares, las víctimas o sus allegados.
El protocolo define los requisitos del equipo, pero hasta ahora el Estado no ha revelado públicamente los nombres de sus integrantes ni confirmó de manera verificable que la selección haya sido completada. Las identidades están protegidas por las normas de confidencialidad y solo podrán ser conocidas por la directora del Departamento Correccional y el subjefe de prisiones asignado.
Para superar la prueba de ingreso, cada aspirante deberá disparar con todas las armas proporcionadas por el Estado desde una distancia mínima de 21 pies, equivalente a unos 6,4 metros, y acertar el ciento por ciento de los tiros. El blanco tendrá las mismas dimensiones y una altura similar a la que tendrá durante una ejecución. Fallar una sola vez implicará la descalificación.
El lenguaje del procedimiento resulta revelador. No habla de verdugos, sino de “miembros del equipo”. No describe un cuerpo humano, sino un blanco. No se refiere a matar, sino a cumplir una sentencia.
Las palabras fueron elegidas para transformar el acto de quitar una vida en una operación técnica y aparentemente despojada de responsabilidades individuales.
El Departamento Correccional estableció un mínimo de cuatro entrenamientos anuales para los equipos de ejecución. Para poder participar, sus integrantes deberán haber completado al menos cuatro prácticas durante los doce meses anteriores.
Cuando se emita una orden de ejecución, las prácticas pasarán a ser semanales. En las 48 horas previas deberán realizarse al menos cuatro entrenamientos y dos ensayos completos. Para los tiradores, las actividades incluirán ejercicios con fuego real y prácticas sin munición.
El condenado será trasladado a una silla y sujetado con correas. Un integrante del equipo médico colocará electrodos para controlar el corazón mediante un electrocardiograma y adherirá un blanco directamente sobre el pecho, a la altura del corazón. El condenado podrá solicitar que le cubran los ojos.
El protocolo también establece que se le ofrecerá un sedante suave antes de las 23 del día anterior y nuevamente, como máximo, cuatro horas antes de la ejecución. La última comida deberá servirse aproximadamente a las 19 de la jornada previa; las visitas y las llamadas ordinarias finalizarán a las 21.
Cuando el director dé la orden, los tres tiradores deberán disparar en forma simultánea. El equipo médico controlará el electrocardiograma para determinar si cesó la actividad eléctrica y mecánica del corazón.
El director esperará un máximo de dos minutos para recibir ese informe. Durante ese período podrá ordenar una nueva descarga, luego de consultar al responsable médico. La muerte será finalmente certificada por el forense del condado de Ada.
La precisión tecnológica no elimina la brutalidad. Solamente intenta esconderla detrás de procedimientos, formularios, lenguaje administrativo y paredes reforzadas.
Las ejecuciones se realizarán en el bloque F de la Institución de Máxima Seguridad de Idaho, ubicada al sur de Boise. El espacio fue remodelado para permitir tanto fusilamientos como inyecciones letales e incorporar protección balística, aislamiento acústico, áreas para los tiradores y nuevos sectores destinados a los testigos.
El Departamento Correccional informó oficialmente que la segunda etapa de la remodelación tenía un presupuesto de 910.802 dólares. Posteriormente, el organismo comunicó al Idaho Statesman que las obras habían superado los 900.000 dólares y que otros 314.000 fueron destinados al diseño y la ingeniería, elevando el costo total por encima de 1,2 millones de dólares.
El mismo medio informó, sobre la base de datos proporcionados por un vocero penitenciario, que el Estado compró cinco armas Daniel Defense DD5-P de calibre .308, con miras telescópicas, supresores y bípodes. El costo habría sido de 4.844 dólares por unidad, más de 24.000 dólares en total.
Según esa explicación oficial, los tiradores estarán ubicados aproximadamente a diez yardas —unos nueve metros— detrás de una pared protectora con una abertura de un pie, cerca de treinta centímetros. Estos detalles fueron proporcionados a la prensa y no aparecen expresamente en el protocolo operativo publicado.
La decisión de Idaho tiene un antecedente directo. El 28 de febrero de 2024, el estado intentó ejecutar mediante inyección letal a Thomas Eugene Creech.
Durante cerca de una hora, el equipo realizó al menos ocho intentos para colocarle una vía intravenosa en distintas partes del cuerpo. Al no encontrar un acceso que considerara adecuado, el procedimiento fue suspendido y Creech regresó a su celda.
El episodio volvió a demostrar algo que Estados Unidos intenta negar desde hace décadas: no existe una forma limpia, clínica o humanitaria de ejecutar a una persona.
La inyección letal había sido presentada como una forma de ocultar la violencia detrás de una escenografía hospitalaria. Camillas, jeringas, personal médico y sustancias químicas reemplazaron al patíbulo y a la descarga eléctrica. Pero las dificultades para conseguir las drogas, los procedimientos fallidos y las controversias judiciales terminaron deteriorando esa ficción.
La respuesta de Idaho no fue revisar la pena capital, sino buscar un método que considerara más eficaz para consumarla.
Como la aguja no funcionó, regresó al rifle.
La decisión no constituye un hecho aislado. En abril de 2026, el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump instruyó a la Oficina Federal de Prisiones para ampliar sus protocolos e incorporar métodos como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas.
El argumento oficial vuelve a ser práctico: las drogas utilizadas en las inyecciones son difíciles de conseguir y algunos procedimientos han fracasado. Pero detrás de esa explicación existe una decisión ideológica.
En lugar de preguntarse por qué una democracia continúa matando personas que ya se encuentran detenidas y bajo control estatal, se discute cuál es el procedimiento más eficiente para hacerlo.
Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales que conserva y aplica la pena de muerte. Al mismo tiempo, el apoyo social viene descendiendo: una encuesta de Gallup realizada en octubre de 2025 registró un respaldo del 52 por ciento, el nivel más bajo en más de medio siglo.
Idaho mantiene actualmente ocho personas bajo sentencia de muerte: siete hombres alojados en la prisión de máxima seguridad y una mujer detenida en el centro penitenciario de Pocatello. El estado realizó tres ejecuciones desde que restableció su legislación sobre pena capital en 1977 y la última ocurrió mediante inyección letal en junio de 2012.
Cuestionar la pena de muerte no significa desconocer la gravedad de los crímenes ni el dolor irreparable de las víctimas. Tampoco implica reclamar impunidad. Una sociedad tiene el derecho y la obligación de juzgar, condenar y protegerse de quienes cometieron delitos aberrantes.
Pero la justicia pierde su sentido cuando imita aquello que condena.
El Estado no puede enseñar que matar es inadmisible mientras selecciona tiradores, compra municiones y coloca un blanco sobre el corazón de una persona inmovilizada.
La violencia no se vuelve legítima porque esté precedida por una sentencia ni porque quienes aprietan el gatillo lleven uniforme.
Idaho pretende envolver el fusilamiento en un procedimiento técnico, silencioso y aparentemente controlado. Sin embargo, debajo de esa arquitectura burocrática permanece el mismo acto primitivo: un grupo de personas disparando contra otro ser humano atado a una silla.
La modernidad aportó rifles de precisión, protección balística, electrocardiogramas y protocolos administrativos. La idea que sostiene todo el sistema pertenece, en cambio, a una época mucho más antigua: la creencia de que una sociedad puede demostrar su respeto por la vida organizando cuidadosamente la muerte.
Fuente: https://www.idoc.idaho.gov - www.reuters.com
