Hay decisiones que se votan en una noche y duran una generación. La Ley 3566, sancionada el miércoles pasado por la Legislatura del Neuquén pasada la medianoche, es una de esas. Veintisiete votos a favor, ocho en contra. Un trámite parlamentario que tomó dos semanas para resolver un compromiso que va a regir hasta más allá del 2060. Conviene detenerse en esa desproporción, porque dice algo sobre cómo estamos tomando las decisiones que más importan.
Lo primero que hay que decir, sin vueltas, es que el acuerdo entre Neuquén e YPF para el proyecto Argentina LNG es defendible. No es una entrega, no es un saqueo, no es una claudicación. Es un instrumento técnicamente sofisticado, con cláusulas anti-subfacturación bien construidas, con un bono de infraestructura cierto y exigible, con excepciones de arbitraje que preservan las herramientas de cobro coactivo de la provincia, y con una arquitectura condicional que protege a Neuquén si el proyecto no llega a la Decisión Final de Inversión. Quien lo presente como una rendición incondicional simplifica una realidad que tiene matices.
Pero defenderlo no es lo mismo que aplaudirlo. Y acá empieza la parte incómoda.
La pregunta que la provincia no respondió en estas dos semanas —y que no respondió porque no hubo tiempo de preguntarla bien— es por qué el piso de regalías para el gas que se exporte como GNL es del siete y medio por ciento y no del nueve, o del diez, o del once. El argumento oficial es que sin esa rebaja el proyecto no se hace, porque Vaca Muerta tiene desventajas logísticas frente a Qatar o al Golfo de México. Es probable que sea cierto. Pero "probable" no es "demostrado". El presidente de YPF no fue al recinto a exhibir la ingeniería de costos. Los socios del proyecto —Eni y XRG— no presentaron sus estructuras de retorno. El plenario de comisiones se hizo a contrarreloj. La oposición pidió tiempo y no se lo dieron. Y entonces nos quedamos con la palabra del Ejecutivo provincial y con la palabra de YPF, que son palabras respetables, pero no son sustituto del escrutinio público que un compromiso de treinta años exige.
Porque acá está el punto. Esto no es un contrato comercial entre privados. Es la provincia del Neuquén, dueña originaria del recurso por mandato constitucional, comprometiendo su potestad tributaria y su jurisdicción judicial sobre el activo estratégico más importante que tiene, por un plazo que excede cinco gobernaciones futuras. Una decisión así no se merece dos semanas de tratamiento. Se merece audiencias públicas, dictámenes técnicos independientes, simulaciones de sensibilidad con distintos escenarios de precios internacionales, y una discusión a fondo sobre qué pasa si el mercado global de GNL hace lo que están proyectando hoy todas las consultoras internacionales: hundirse en una sobreoferta histórica precisamente cuando Argentina LNG empiece a exportar.
Porque esa es la otra incomodidad que conviene poner sobre la mesa. El acuerdo se firma en una ventana geopolítica que parece favorable —Ormuz, búsqueda de proveedores estables, Europa diversificándose— pero esa ventana se cierra al mismo tiempo que se abre. La Agencia Internacional de Energía lo dijo con todas las letras: el GNL pasa de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Cuarenta y cinco millones de toneladas de capacidad nueva entraron en 2025. Otras cuarenta y ocho entran en 2026. Los grandes bancos proyectan el JKM (Japan/Korea Marker) —ese índice asiático que el acuerdo toma como referencia— promediando entre cinco y diez dólares por millón de BTU hacia fin de la década. El Valor Base 1 del acta, ese umbral por debajo del cual se aplica la alícuota mínima del siete y medio, está fijado en dieciséis dólares. Hagan la cuenta. Durante toda la primera fase del proyecto, y muy probablemente durante toda la primera década de exportación, la alícuota efectiva va a ser siete y medio. El escalonamiento al diez y al doce queda como una posibilidad teórica para escenarios que las propias consultoras consideran improbables.
Esto no significa que el acuerdo sea malo. Significa que la provincia firmó un compromiso de treinta años apostando a una hipótesis específica sobre el comportamiento del mercado mundial de gas, y esa hipótesis es discutible. Apostó, además, sin exigir un piso mínimo de regalías indexado a otros indicadores —volumen exportado, retorno sobre inversión, valor agregado en la cuenca— que hubieran protegido a Neuquén si la apuesta sale mal. Y firmó la cesión de jurisdicción al arbitraje internacional, con sede en París, no sólo para este acuerdo sino retroactivamente para las tres actas de las CENCHs (Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos) firmadas en abril. Un detalle que pasó por el recinto sin debate específico.
Hay algo, además, que no se discutió y que va a marcar el resto de la década. Este acuerdo es modelo. El ministro Medele lo dijo con claridad: los próximos consorcios que quieran exportar GNL desde Vaca Muerta van a venir a negociar con este texto como punto de partida. Southern Energy, con Pan American y Golar, ya conoce los términos. Lo que aprobó la Legislatura el miércoles no es un convenio con YPF: es la matriz fiscal del GNL neuquino. El piso del siete y medio por ciento es ahora el piso de toda la negociación futura, y ningún operador firmará por debajo de lo que YPF consiguió. La provincia gastó su poder de negociación en un solo acto.
Hay una luz, sin embargo, que conviene rescatar al cierre. La opción de no firmar tampoco era neutra. Vaca Muerta tiene gas que no tiene cómo salir. Sin gasoductos de exportación, sin plantas de licuefacción, ese recurso queda varado, y un recurso varado no paga regalías ni de siete y medio ni de doce. El statu quo no era una alternativa virtuosa. Era, también, una forma de pérdida, lenta y silenciosa, pero pérdida al fin. Quienes critican el acuerdo desde la izquierda tienen que responder esa pregunta: ¿Cuál era la otra opción concreta, financiable, ejecutable, que hubiera puesto ese gas en el mercado internacional sin un régimen fiscal específico? Hasta ahora, esa respuesta no apareció.
Por eso este editorial no termina con una sentencia clara, y no termina así porque la realidad tampoco lo permite. El acuerdo tiene fundamentos defendibles y tiene puntos ciegos serios. Va a generar inversión, divisas, empleo —probablemente menos del que se anunció en el recinto, pero más del que tenemos hoy. Y va a generar también una restricción institucional profunda sobre la capacidad de las próximas gobernaciones para modular el régimen fiscal de su principal industria.
Lo que merece quedar dicho es esto. Una decisión que ata a la provincia por treinta años merecía treinta días de debate, no quince. Merecía la presencia del presidente de YPF en el recinto, no su ausencia. Merecía audiencias públicas en Añelo, en Cutral Có, en Plaza Huincul, donde se va a desarrollar el proyecto. Merecía simulaciones de sensibilidad con los escenarios del JKM que están proyectando hoy todos los bancos serios del mundo. Nada de eso se hizo, y la pregunta que queda flotando, más allá de los votos de anoche, no es si el acuerdo es bueno o malo. Es si el modo en que se aprobó es el modo en que debería aprobarse algo así.
Y esa es una pregunta que excede a Figueroa, a Marín, a esta Legislatura y a este momento político. Es una pregunta sobre cómo Neuquén se relaciona con su propia riqueza, ahora que esa riqueza es real, palpable, y suficientemente grande como para definir el futuro económico de una generación entera.
Treinta años son muchos años. Demasiados para haber tenido dos semanas de discusión.
