NeuquenNewsEl presidente Javier Milei volverá a poner el cuerpo por la Fundación Faro el próximo 23 de junio en Buenos Aires, donde compartirá escenario con el economista anarcocapitalista David Friedman —hijo del Nobel Milton Friedman— y con Alberto Benegas Lynch Jr., en un encuentro moderado por Martín Krause y con una exposición previa de Adrián Ravier. La fundación lo presenta como un "diálogo histórico sobre el futuro de la libertad". La paradoja es que el think tank que organiza el evento se niega a hacer público lo más elemental de cualquier organización que se reclame transparente: quién la financia.
El acto llega en el peor momento institucional para la fundación que conduce el politólogo Agustín Laje. La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Fundación Faro Argentina a revelar la identidad de los donantes que le aportaron casi 5.000 millones de pesos durante 2024. El organismo, que quedó bajo la órbita de influencia de Karina Milei, emplazó al think tank vinculado a Santiago Caputo a presentar esa información en un plazo de diez días. La intimación se produce luego de que la entidad presentara su balance con casi once meses de retraso, sin identificar a ningún donante, con los libros contables sin actualizar y con cuatro irregularidades financieras sin explicación.
Los números son elocuentes y, vistos en perspectiva, escandalosos. La fundación recaudó 4.957 millones de pesos en 2024 y destinó más de 1.000 millones a publicidad política en redes sociales durante el año siguiente. La entidad nació sobre los restos de la Fundación Valorar, que en 2023 había declarado un patrimonio neto de 12 millones de pesos e ingresos por 49 millones. Tras el arribo de Agustín Laje y Francisco Caputo —hermano del asesor presidencial Santiago Caputo— los ingresos se multiplicaron 78 veces y el patrimonio creció 356 veces, hasta superar los 4.300 millones de pesos. Es decir: el aparato de propaganda libertario gastó en pauta política, en un solo año, veinte veces lo que toda la fundación valía pocos meses antes de que Milei llegara a la Casa Rosada.
Lo que parecía un movimiento institucional para clarificar el origen de los fondos terminó en una jugada de manual. Antes de la fecha límite fijada por la Inspección General de Justicia (IGJ), la Fundación Faro presentó el listado de personas y entidades que realizaron donaciones superiores a 11 millones de pesos a la organización durante 2024. Sin embargo, esa información no podrá ser conocida públicamente: la propia IGJ sostuvo ante el pedido de Chequeado que los datos están alcanzados por el deber de confidencialidad previsto en la legislación de prevención del lavado de activos. La normativa antilavado, pensada para proteger a denunciantes y víctimas, termina blindando a los financistas de un think tank que se autopercibe como vanguardia de la libertad.
Para el sector energético, la nómina de los grandes donantes —parcialmente trascendida a partir de la cena inaugural de noviembre de 2024— no es un detalle menor. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de 2024, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos de Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Betina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, y embajadora de la Marca País; Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado.
La concurrencia dibuja un mapa nítido: los principales operadores de Vaca Muerta, las generadoras eléctricas integradas verticalmente y los grupos con intereses en la infraestructura energética nacional estuvieron sentados a la mesa del proyecto político del oficialismo. Y el dato más sensible viene del propio anfitrión: El Yacht Club pertenece al Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, de notable expansión empresaria desde que Milei llegó al poder: en enero de 2026, el Gobierno les adjudicó dos de las cuatro centrales hidroeléctricas concesionadas a través de Edison Energía. Los anfitriones de la cena con la que Faro inauguró su recaudación millonaria terminaron quedándose, poco más de un año después, con la mitad del paquete de hidroeléctricas privatizadas.
En la rosca palaciega, la jugada de la IGJ se lee menos como un acto de control republicano que como un capítulo más de la guerra fría entre los dos polos del oficialismo. El emplazamiento implica la primera señal de tensión entre las dos facciones del oficialismo en torno a una entidad que, en apenas un ejercicio, se convirtió en la mayor maquinaria de financiamiento político privado del espacio libertario. El organismo responde a Juan Bautista Mahiques, ministro alineado con Karina Milei; Faro orbita alrededor de Santiago Caputo a través de su hermano Francisco. El destinatario final del expediente, en consecuencia, está menos en los tribunales que en el despacho contiguo.
Mientras Milei se prepara para abrazarse en escena con el heredero intelectual de uno de los íconos del neoliberalismo del siglo XX —y para volver a invocar a Friedman, al que incluso le puso el nombre a uno de sus perros—, la Fundación Faro acumula preguntas que su propio discurso libertario debería responder con prolijidad: de dónde salieron los casi 5.000 millones de pesos que la convirtieron en un actor central del ecosistema oficialista, qué esperan a cambio quienes los pusieron, y por qué un think tank que predica la transparencia del mercado se ampara en la ley antilavado para mantener en sombras a sus mecenas. Por ahora, las únicas certezas son dos: que el sello "Faro" se convirtió en la principal usina de propaganda paga del Gobierno, y que muchos de los que ayudaron a encenderlo tienen negocios millonarios pendientes de la firma del Poder Ejecutivo.
