NeuquenNewsLa discusión sobre quién debe hacerse cargo de los pasivos ambientales que deja la actividad petrolera volvió a instalarse en el Congreso Nacional. El diputado nacional José Glinski presentó un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa, una iniciativa que busca obligar a las empresas petroleras a financiar el cierre, abandono y remediación de los pozos que dejan de producir.
La propuesta aparece en un momento sensible para la industria argentina. Mientras las grandes operadoras concentran inversiones en desarrollos no convencionales como Vaca Muerta, numerosas áreas convencionales atraviesan procesos de transferencia, desinversión o abandono, especialmente en las cuencas del Golfo San Jorge y Austral.
Según explicó Glinski, Argentina cuenta actualmente con doce leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales, pero ninguna regula específicamente los pasivos ambientales hidrocarburíferos, un vacío legal que, a su entender, ha permitido que en muchos casos los costos de remediación terminen siendo asumidos por el Estado o las provincias.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, que sería financiado mediante aportes obligatorios de las empresas concesionarias. También contempla la creación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, de acceso público y gratuito, para identificar y monitorear los sitios afectados.
La iniciativa incorpora además garantías financieras obligatorias destinadas a cubrir las tareas de abandono, sellado, remediación y monitoreo posterior de los pozos. A su vez, establece un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria que continuaría vigente incluso en casos de venta de activos, cesión de áreas, quiebras o disoluciones societarias.
En la industria petrolera se denomina comúnmente "pozos huérfanos" a aquellos que han quedado sin un operador solvente o cuyos responsables originales ya no existen o no pueden afrontar los costos de cierre y saneamiento.
El problema no es exclusivo de Argentina. Países como Canadá y Estados Unidos llevan años enfrentando demandas multimillonarias para remediar miles de pozos abandonados, algunos de los cuales continúan generando emisiones de metano o riesgos de contaminación de suelos y acuíferos.
La iniciativa de Glinski busca precisamente evitar que una situación similar se profundice en las cuencas petroleras argentinas a medida que las grandes compañías reorientan sus inversiones hacia proyectos de mayor rentabilidad.
El proyecto toma como referencia casos recientes ocurridos en Chubut. Entre ellos figura el acuerdo entre YPF y la provincia por el área Restinga Alí, mediante el cual se establecieron compromisos vinculados a la remediación de pozos offshore. También aparecen como antecedente las transferencias de áreas maduras a nuevos operadores, incluyendo pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.
Para Glinski, la discusión no sólo involucra cuestiones ambientales sino también laborales. El proyecto incorpora el concepto de "transición energética justa" y propone considerar las tareas de cierre y remediación como una etapa más del proceso productivo.
La idea es que los trabajos de sellado, restauración ecosistémica, monitoreo ambiental e ingeniería especializada puedan convertirse en una fuente de empleo para trabajadores petroleros de las cuencas maduras.
Aunque la iniciativa surge desde la realidad de Chubut, el debate tiene implicancias directas para Neuquén.
La provincia concentra actualmente la mayor parte de las inversiones hidrocarburíferas del país gracias al desarrollo de Vaca Muerta, pero también posee cientos de pozos convencionales distribuidos en áreas maduras que eventualmente deberán atravesar procesos de abandono definitivo y remediación.
Además, el avance de las ventas de activos convencionales por parte de grandes compañías hacia operadores de menor escala ha abierto interrogantes sobre quién asumirá los costos ambientales de largo plazo cuando esos yacimientos lleguen al final de su vida útil.
La propuesta legislativa busca precisamente establecer reglas nacionales para que esas obligaciones queden garantizadas desde el inicio de la concesión y no terminen transformándose en una carga para las provincias productoras o para los contribuyentes.
Fuente: Proyecto presentado por el diputado nacional José Glinski
