NeuquenNewsAnalía Celis tiene 34 años, parálisis cerebral y discapacidad intelectual. No puede caminar, pero la terapia deportiva le aliviaba la tensión muscular. No puede trabajar, pero hornear le daba independencia. Le cuesta hablar, pero pintar con sus compañeros la ayudaba a conectar sin palabras. Hoy pasa el día en cama, con una manta sobre la ventana para bloquearse del sol y música a todo volumen en su teléfono.
"Se despierta tres o cuatro veces cada noche gritando que quiere ir a la granja", dijo su madre, Clementina Tabares, de 74 años, quien ahora falta a sus propias citas médicas para cuidarla. "Se está aislando. Eso me asusta."
La historia de Celis, documentada por la agencia AP esta semana, es el rostro humano de una crisis que afecta a los aproximadamente 5 millones de argentinos con discapacidad. Pero detrás del drama individual hay una trama política, judicial y presupuestaria que conviene reconstruir con precisión.
El texto de AP señala que el flujo de dinero a los centros terapéuticos "se interrumpió hace seis meses". Los registros indican que el deterioro comenzó antes. El desencadenante fue el congelamiento de las prestaciones desde octubre de 2024, que generó una crisis en todo el sector.
Los centros de día, programas residenciales, educación especial y formación laboral operan con ingresos que provienen de facturaciones al sistema de obras sociales estatales. Según el texto de AP, para reducir costos han recortado personal, retrasado salarios, reducido raciones de comida y acortado horarios. Las organizaciones de defensa calculan que hasta 50 centros cerraron en lo que va del año, la mayoría en provincias del interior.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó una caída del 31,3% en términos reales del presupuesto del área en el primer trimestre de 2026 respecto de los valores de 2023. Los aranceles que perciben los prestadores se ubican entre un 30% y un 40% por debajo de los valores que establece la propia Ley de Emergencia en Discapacidad vigente.
Esta semana, el gobierno publicó una actualización de aranceles. La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso, a través de la Resolución 517/2026, un incremento del 2,6% para mayo, calculado sobre la inflación registrada en abril. Desde el sector advierten que el ajuste resulta insuficiente: el problema es que no se tiene en cuenta la masiva pérdida de poder adquisitivo acumulada por años de congelamiento y retraso en los aranceles. "Van atrás siempre", denuncian.
El gobierno argumenta que los recortes apuntan a eliminar el fraude. AP menciona el caso de beneficiarios que presentaron radiografías de perros para justificar discapacidades. Pero el alcance real de ese fraude nunca fue probado, y el proceso de auditoría generó sus propias irregularidades documentadas.
Según información oficial difundida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las 997.654 cartas documento enviadas para citar a beneficiarios a evaluaciones presenciales, 504.802 —más de la mitad— no pudieron ser entregadas. En provincias como Chaco, el porcentaje de citaciones no entregadas alcanzó el 79%; en Formosa, el 73,91%; en Corrientes, el 70,44%.
El organismo informó que para junio de 2025 un 46% de las cartas enviadas no fueron entregadas. Hubo citaciones a lugares inexistentes o instituciones que no realizaban controles. Muchas personas fueron convocadas a oficinas situadas a cientos de kilómetros de sus hogares.
El vocero presidencial anunció que las suspensiones de pensiones ascendían a 110.522. Aunque la ANDIS afirmó que se trataba de casos de pensiones mal otorgadas, las irregularidades en el proceso evidenciaban violaciones graves a los derechos del sector.
La Justicia intervino. A través de la Resolución 13901/2025 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno formalizó que devolvería las pensiones no contributivas por invalidez que había recortado, en acatamiento de lo que ordenó la Justicia. Esta semana, un juez federal volvió a ordenar al PAMI y al Ministerio de Salud restablecer los pagos a prestadores de discapacidad mediante medida cautelar, subrayando que las demoras crónicas representan un "riesgo inminente" para un sector de alta vulnerabilidad y que el Estado intentó "evadir o dilatar" sus obligaciones constitucionales.
El Congreso intentó poner freno al desfinanciamiento con la Ley 27.793. La norma propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Milei la vetó en agosto de 2025 argumentando que su impacto fiscal —que el propio gobierno estimó en el 0,35% del PBI— socavaría el superávit presupuestario. "Utilizando causas nobles, aprueban leyes que llevan a la nación a la bancarrota", dijo entonces.
El Senado ratificó la ley con 63 votos afirmativos, rechazando el veto en el primer caso en 22 años en que el Congreso invalidaba una decisión presidencial de esa naturaleza.
La respuesta del Ejecutivo fue promulgarla y bloquearla al mismo tiempo. A través del Decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley pero anunció que suspendía su aplicación hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas en el Presupuesto 2026.
La Justicia ordenó en enero de 2026 que el Ejecutivo pusiera en marcha la normativa. Desde entonces, solo se reglamentaron ocho artículos de la ley y 17 permanecen sin reglamentar.
En el centro de todo esto, un escándalo de corrupción que involucra al propio organismo encargado de administrar el sistema.
El 20 de agosto de 2025, grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo —exdirector de la ANDIS designado por Milei y su ex abogado personal— describían un presunto esquema de retornos y sobornos en la compra de medicamentos. Según esas grabaciones, a través de la droguería Suizo Argentina el gobierno habría ejecutado un esquema de cobro y pago de coimas con un sobreprecio del 8%, del cual un 3% era enviado a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei, hermana y principal asesora del presidente.
Javier Milei reaccionó afirmando que "todo lo que dice Spagnuolo es mentira". El gobierno denunció una "operación de inteligencia ilegal" y señaló que los audios habían sido manipulados. La defensa de Spagnuolo insistió en que los registros "fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial". La Cámara rechazó anular el caso y ordenó una pericia sobre los audios.
Pero la causa avanzó más allá de las grabaciones. En febrero de 2026, la Justicia procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos. La resolución judicial sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como "centro de operaciones" de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías. En 21 licitaciones reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, dos droguerías obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de 30.337 millones de pesos.
El escándalo precipitó la disolución de la agencia. Mediante el Decreto 942/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno cerró la ANDIS y creó la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud. La nueva Secretaría continuará gestionando las políticas de discapacidad y las pensiones por invalidez, pero dentro de la estructura ministerial, perdiendo su estatus de organismo descentralizado.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con una reforma legislativa de fondo. El 21 de abril de 2026, el Poder Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de ley 109/2026, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Adorni y el ministro de Salud Lugones, bajo el título "Contra el fraude de pensiones por invalidez". La iniciativa propone modificar la Ley 27.793 vigente y eliminar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, la herramienta que fija los honorarios mínimos que las obras sociales deben pagar a los prestadores.
El texto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, con suspensión automática y posterior baja definitiva del beneficio para quienes no completen el trámite. El proyecto también establece una "incompatibilidad absoluta" entre la pensión y el empleo registrado, eliminando la posibilidad de que las personas con discapacidad se inserten en el mercado laboral formal sin perder su ayuda estatal.
"Desmantelar instituciones sin construir alternativas deja a la gente abandonada", dijo a AP Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que lideró la demanda exitosa contra las suspensiones masivas de pensiones. "El gobierno no está llevando a cabo una reforma seria. Simplemente está vaciando el sistema."
Román Pontecorvo, un joven de 28 años con discapacidad intelectual que descubrió su pasión por la actuación en el centro Andar, lo dijo de manera más directa en la nota de AP: "Quiero decirle al presidente que nos mire, que nos vea de verdad, que venga a conocernos. Si Andar cierra, muchos nos quedaremos sin nada. Será un caos total."
Fuente principal: Associated Press, Isabel Debre, 28 de mayo de 2026. Información complementaria verificada con el Boletín Oficial de la República Argentina (Decretos 601/25, 681/25, 843/24, 942/2025, 27/2026 y Resolución 517/2026), expedientes judiciales citados en fuentes de acceso público, datos del CEPA y documentación de la ACIJ, CELS y Chequeado.
