NeuquenNewsEn medio de la reestructuración que atraviesa el sistema de salud argentino, el Gobierno nacional puso en marcha un mecanismo de emergencia destinado a evitar que los monotributistas queden sin cobertura médica cuando una obra social entra en crisis o deja de operar.
Sin embargo, el esquema comenzó con una adhesión muy por debajo de lo esperado: sólo cuatro entidades aceptaron integrarse al registro especial creado para absorber afiliados en situación de emergencia.
La información fue dada a conocer por el sitio iProfesional y confirmada públicamente por el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, durante un encuentro organizado por OSDEPYM, el Instituto de Investigaciones de Obras Sociales y FESAL.
“Sólo cuatro de 45 adhirieron al registro”, resumió el funcionario al describir el escenario actual del nuevo sistema.
La herramienta fue creada mediante la Resolución 492/2026 de la Superintendencia de Servicios de Salud y consiste en una “Sección Especial” dentro del Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes.
El objetivo oficial es identificar previamente qué obras sociales tienen capacidad financiera y operativa para recibir afiliados provenientes de entidades que entren en cesación de pagos, crisis o procesos de liquidación.
En términos prácticos, el esquema apunta a garantizar:
continuidad de prestaciones médicas,
reasignación automática de afiliados,
ausencia de períodos de carencia,
y protección de tratamientos complejos, crónicos y oncológicos.
La medida intenta responder a uno de los problemas más delicados del sistema sanitario argentino: qué sucede con los afiliados cuando una obra social deja de funcionar o atraviesa una crisis financiera severa.
Las cuatro entidades que finalmente aceptaron integrar la red de emergencia son:
la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires,
la Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina,
la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas,
y la Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
La incorporación fue oficializada este 7 de mayo tras auditorías realizadas por la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia.
Durante su exposición, Stivelman defendió además el nuevo criterio de distribución de afiliados y aseguró que el sistema funcionará bajo parámetros matemáticos y proporcionales, sin discrecionalidad política.
“Si hay un millón de afiliados y una obra social tiene 500 mil, otra 250 mil y otras dos 125 mil cada una, la distribución se hace de manera proporcional”, explicó.
El funcionario insistió en que el nuevo mecanismo busca eliminar uno de los cuestionamientos históricos al sistema de obras sociales: la sospecha de arbitrariedad en la redistribución de afiliados y fondos.
La red de rescate sanitario forma parte de una reforma más amplia iniciada con el Decreto 955/2024, mediante el cual el Gobierno creó el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes.
Desde entonces:
los monotributistas sólo pueden derivar aportes a obras sociales incluidas en el padrón oficial,
las entidades no registradas pueden rechazar nuevas afiliaciones,
y el sistema quedó limitado a 45 prestadoras habilitadas.
Paralelamente, el Gobierno modificó también el esquema de reparto de subsidios estatales mediante el Decreto 355/2024, eliminando beneficios especiales para grandes entidades y reemplazándolos por una distribución proporcional basada en cantidad real de afiliados auditados.
Subsidios como SUMA, SUMARTE y SUMA 70 comenzaron a distribuirse bajo nuevos criterios de control y trazabilidad.
El trasfondo de estas decisiones es un sistema sanitario bajo fuerte presión económica, atravesado por auditorías, planes de saneamiento y crisis recurrentes en distintas obras sociales.
En los últimos años varias entidades atravesaron procedimientos preventivos y programas de recuperación financiera supervisados por el Estado. Algunas lograron estabilizarse, aunque el propio Gobierno reconoce que el riesgo de nuevas crisis continúa latente.
El dato que ahora genera preocupación es otro: de las 45 obras sociales habilitadas para recibir aportes de monotributistas, sólo cuatro aceptaron participar del esquema especial pensado justamente para actuar en situaciones de emergencia.
La incógnita de fondo es si esa reducida red de contención será suficiente en caso de producirse reasignaciones masivas de afiliados dentro de un sistema sanitario que todavía muestra fuertes desequilibrios financieros y administrativos.
Fuente: iProfesional
