
Neuquén perdería más de $8.544 millones al año si se elimina el programa Volver al Trabajo
NeuquenNewsLa Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones sociales, mantiene un plan de lucha en defensa del Salario Social Complementario y contra la eliminación del programa Volver al Trabajo (VAT). La Justicia Federal dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a continuar con las prestaciones hasta que haya sentencia definitiva.
En Neuquén, el impacto económico sería contundente: existen 9.129 titulares del VAT, lo que representa un ingreso mensual de $712 millones que circula en barrios, comercios y economías regionales. Si el programa se da de baja, la provincia perdería $8.544 millones al año.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) advirtió que la eliminación afectaría a cooperativas, comedores comunitarios y espacios de cuidado. Lorenzo Navuelan, vocero del MTE, señaló que el VAT “vino a dar dignidad en los derechos a los trabajadores de la economía popular” y alertó que en mayo ya no habría depósitos.
El norte neuquino también sufriría el recorte: solo en Chos Malal, 366 personas dependen del programa. Paulina Curruhuinca, referente rural del MTE y representante de comunidades mapuches, denunció que las exigencias de capacitaciones son inviables por los altos costos de traslado y la falta de conectividad.
Las organizaciones remarcaron que el VAT no es un gasto, sino un piso de derechos creado por ley para quienes se inventaron su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral formal. Su eliminación podría derivar en el cierre de comedores, cooperativas y espacios comunitarios.
Además, la UTEP denunció que el ajuste sobre ingresos se complementa con un avance contra el derecho a la tierra y la vivienda digna. En Neuquén, donde existen 116 barrios populares registrados en el RENABAP, el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno Nacional busca desarticular la Ley 27.453, habilitando desalojos y frenando obras de infraestructura básicas como agua potable y saneamiento. Según la organización, esta medida amenaza el sustento y la dignidad de 17.000 familias neuquinas.




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