NeuquenNewsEl Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a dos hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Chos Malal.
La acusación fue realizada ayer por la fiscal del caso Natalia Rivera, acompañada por el fiscal del caso Víctor Salgado. Durante la audiencia, los representantes del MPF solicitaron que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, pedido que fue rechazado por un juez de garantías por lo que se requirió la revisión de esa decisión.
De acuerdo a la acusación, en la vivienda que ambos comparten en el barrio Uriburu y durante el allanamiento del último 2 de abril, se hallaron141 gramos de cocaína (una parte compactada y otra en envoltorios), cantidad que equivale a unas 300 dosis aproximadamente, según precisó la fiscal del caso en la audiencia. También se secuestraron pastillas de corte de la cocaína, una balanza de precisión, tres terminales de pago electrónico (posnet) y dinero en efectivo (pesos argentinos y chilenos).
En este contexto, la fiscal del caso planteó que al menos entre el 16 y 28 de marzo, los acusados J. G. H. y L. L. H. realizaron ventas de estupefacientes en distintos horarios. Según la investigación conjunta del MPF y la división Antinarcóticos de la Policía provincial, utilizaban para tal fin el domicilio que comparten en el barrio Uriburu y un automóvil Volkswagen Bora.
El delito atribuido a los acusados fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autores.
Como medida cautelar, el MPF solicitó la prisión preventiva domiciliaria por un mes —ante la falta de cupo en unidades de detención—, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. En simultáneo, se requirió el embargo e inhibición de bienes de ambos.
El juez de garantías, Lisandro Borgonovo, rechazó la detención domiciliaria y dispuso, en su lugar, la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse diariamente en la comisaría. No obstante, el magistrado sí aceptó la inhibición de bienes y el embargo.
El plazo de investigación se fijó en dos meses.
Durante la audiencia de ayer por la tarde, el MPF solicitó la revisión de la decisión del juez respecto del rechazo de la medida privativa de la libertad de los imputados.
