Impulsan en Argentina la “Ley Cazzu” para suspender derechos parentales por incumplimientos

Una nueva propuesta legislativa comienza a tomar forma en Argentina bajo el nombre de “Ley Cazzu”, una iniciativa que apunta a introducir modificaciones en el régimen de responsabilidad parental frente a situaciones de incumplimiento por parte de uno de los progenitores.

En México, la llamada “Ley Cazzu” fue impulsada por la diputada Sandra María Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Michoacán. La presentación se realizó en Morelia, Michoacán, el 12 de marzo de 2026, en el marco de actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer. Según el comunicado oficial del Congreso michoacano, Arreola la llevó a tribuna como un posicionamiento para promover una reforma al artículo 4° de la Constitución mexicana, con la idea de garantizar la movilidad de niños, niñas y adolescentes cuando exista abandono parental.

El eje central de la propuesta es resolver una problemática recurrente en el ámbito judicial y familiar: la imposibilidad de tomar decisiones urgentes —como tratamientos médicos, cambios de residencia o trámites escolares— cuando uno de los progenitores, aun incumpliendo sus responsabilidades, mantiene intacta su capacidad de bloquear resoluciones.

En ese sentido, la iniciativa propone que, ante la acreditación de incumplimientos sistemáticos, la Justicia pueda disponer de forma provisoria la suspensión de la responsabilidad parental, permitiendo que el otro progenitor pueda avanzar en decisiones clave sin quedar sujeto a dilaciones o conflictos legales.

El proyecto se inscribe en un debate más amplio sobre la actualización del sistema de derechos y deberes parentales en Argentina, donde distintos sectores vienen señalando que la normativa vigente, en algunos casos, termina equiparando situaciones desiguales. Es decir, otorga el mismo peso legal a quien cumple activamente su rol parental que a quien se desentiende de sus obligaciones.

Si bien la iniciativa aún no ingresó formalmente al Congreso, ya comenzó a generar repercusiones tanto en el ámbito político como en organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia y la familia. Algunos sectores destacan que la medida podría agilizar procesos y proteger el interés superior del niño, mientras que otros advierten sobre la necesidad de establecer criterios claros para evitar abusos o decisiones arbitrarias.

El avance de este proyecto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre derechos y responsabilidades en el ámbito familiar. En un contexto donde los conflictos por alimentos, tenencia y cuidado de menores son moneda corriente en los tribunales argentinos, la “Ley Cazzu” busca introducir una herramienta que, al menos en los papeles, priorice la resolución efectiva de situaciones que afectan directamente la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.