La Justicia rechazó una medida cautelar de las ONG para suspender las audiencias públicas por la ley de glaciares

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas convocadas por el Gobierno nacional para debatir el proyecto de modificación de la actual Ley de Glaciares. De esta manera, continuarán en pie las reuniones programadas para el 25 y el 26 de marzo.

La solicitud había sido enviada por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, luego de que el oficialismo anunciara que solo 200 personas de las más de 65.000 que se inscribieron tendrán lugar para compartir sus puntos de vista. Cada uno de ellos tendrá cinco minutos para hablar.

La readecuación del formato fue comunicada por el diputado Nicolás Mayoraz, quien indicó que el cupo habilitado también se dividirá entre los participantes que eligieron la modalidad presencial y aquellos que optaron por sumarse de forma virtual.

Al mismo tiempo que informó que los seleccionados para hacer uso de la palabra en vivo correspondían a los interesados que se inscribieron primero en el llamado, el libertario indicó que el resto de los interlocutores podrá compartir sus posturas a través de videos cargados en la plataforma de Youtube.

Frente a esto, las organizaciones ambientalistas reclamaron ante la Justicia que se respete el derecho de todos los participantes de intervenir oralmente, se readecue el cronograma para sumar más días destinados al debate y se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable” de las condiciones planteadas por el oficialismo.

De la misma manera, los manifestantes incluyeron una cuarta petición para que las audiencias fueran consideradas nulas, en caso de que se realizaran las presentaciones tal como lo habían dispuesto los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el diputado José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, en referencia a Mayoraz.

Tras haber analizado el caso, el juez Alonso Regueira consideró que los denunciantes no alcanzaron “a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario”.

Según el fallo al que accedió Infobae, tampoco se encontraron indicios de “vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”. Por esto, indicaron que el acto no generaría un perjuicio grave e irreparable para los participantes, ya que quienes se inscribieron disponen de vías alternativas de participación en el proceso.

La presentación se formalizó el jueves 19 de marzo y fue impulsada por organizaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Post recepción de la solicitud, un conocedor del mundo judicial había anticipado a este medio que era “poco probable que esto avance”. Y planteó que “hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma”.

Así, el programa seguirá las riendas propuestas por el Gobierno. Por esta razón, se determinó que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrán derecho a participar en las jornadas.

Incluso, determinaron que los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso a dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del partido político al que representan. Además, para confirmar sus permisos, tenían tiempo de informarlo hasta las 19:00 horas de este viernes 20 de marzo.

Según corroboró Infobae, la postura del oficialismo tendría como foco no aletargar el tratamiento del proyecto en el Congreso. Tras haberse postergado la discusión hasta finales de marzo, un diputado libertario explicó que la intención es que la iniciativa sea tratada en los primeros días de abril. “Es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, aseveró.