NeuquenNewsItalia volvió a modificar el acceso a la ciudadanía para descendientes, un tema que en Argentina tiene impacto directo sobre miles de familias. La última actualización normativa confirmó una prórroga clave, pero también consolidó un cambio de fondo: la ciudadanía ya no se transmite con la misma amplitud que durante años caracterizó al sistema italiano.
El cambio surge del decreto-ley 36/2025, convertido en la Ley 74/2025, y de una posterior actualización incorporada en la Ley de Presupuesto 2026. En ese marco, se extendió hasta el 31 de mayo de 2029 el plazo para que hijos menores nacidos en el extranjero —que ya estaban comprendidos en el régimen— puedan acceder a la ciudadanía mediante una declaración formal.
El dato central es que no todos los casos son iguales.
Por un lado, los menores que ya habían nacido o sido adoptados al momento de entrada en vigencia de la ley (24 de mayo de 2025) cuentan ahora con ese plazo extendido hasta 2029 para iniciar el trámite.
Por otro, para los hijos nacidos o adoptados a partir de esa fecha, la norma fija un límite mucho más estricto: solo hay tres años desde el nacimiento o desde la determinación de la filiación para realizar la declaración correspondiente.
La diferencia no es menor. En la práctica, implica que muchas familias que antes podían postergar el trámite ahora deben actuar en plazos mucho más cortos.
Pero hay un punto todavía más relevante, y menos difundido: este mecanismo no es equivalente al tradicional reconocimiento por “iure sanguinis”. En estos casos, la ciudadanía no se adquiere automáticamente desde el nacimiento, sino que se concede recién desde el momento en que se presenta la declaración ante la autoridad competente.
Además, la normativa introduce una condición que puede cambiar completamente el escenario. Si el trámite no se realiza dentro del plazo de tres años desde el nacimiento, el menor deberá residir legalmente en Italia durante al menos dos años continuos para poder acceder a la ciudadanía.
En otras palabras, el sistema mantiene la puerta abierta, pero exige ahora un vínculo más concreto con el país.
Otro cambio relevante es económico. Desde 2026, quedó sin efecto el pago de la tasa de 250 euros que anteriormente se exigía para este tipo de trámites, lo que elimina una barrera de acceso, aunque no modifica las condiciones de fondo.
La red consular italiana en Argentina —incluyendo sedes como Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario— ya comenzó a difundir estos cambios, que responden a una política más amplia del gobierno italiano: restringir los mecanismos automáticos de adquisición de ciudadanía y reforzar la exigencia de vínculos reales con el país.
El trasfondo es claro. Italia busca ordenar un sistema que, durante décadas, permitió el acceso a la ciudadanía a millones de descendientes en el mundo, particularmente en América Latina. El nuevo esquema no elimina ese derecho, pero lo redefine: menos automático, más condicionado y con tiempos que obligan a tomar decisiones rápidas.
Para Argentina, donde la herencia italiana forma parte de la identidad de amplios sectores de la población, la señal es concreta. La ciudadanía sigue siendo posible, pero ya no es un trámite que pueda dejarse para más adelante. En este nuevo escenario, el tiempo pasa a ser un factor determinante.
Fuentes oficiales consultadas: Gazzetta Ufficiale de la República Italiana, Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, y consulados generales de Italia en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca.
