La Justicia de Neuquén resolvió aplicar una salida alternativa en una causa por intento de extorsión ocurrida en una obra de la ciudad de Centenario. Cinco hombres imputados por el hecho deberán pagar en conjunto $5 millones como reparación económica, realizar tareas comunitarias y cumplir diversas reglas de conducta durante el plazo fijado por el tribunal.
El pedido fue presentado por el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, quienes solicitaron la suspensión de juicio a prueba para los acusados. La solicitud fue aceptada por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada este jueves.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. De acuerdo con la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le dijo al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en referencia a un contacto telefónico previo en el que se había identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
En ese llamado, según la teoría del caso, se le habría exigido al trabajador el pago de $4 millones para permitir que continuara la construcción de un galpón.
La investigación señala que, tras la negativa de la víctima, el hombre se retiró del lugar y regresó aproximadamente dos horas después acompañado por otros cuatro individuos, momento en el que reiteraron el pedido de dinero. Ante la situación, el trabajador dio aviso a la policía. Los efectivos intervinieron en la obra y demoraron a tres de los involucrados, lo que impidió que la maniobra se concretara.
El hecho fue calificado por la fiscalía como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores, conforme a los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal.
Como parte de la suspensión del proceso, cada uno de los imputados deberá abonar $1.000.000, lo que totaliza una reparación económica de $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil.
La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido a cada imputado:
2 años y 6 meses para F.V.J.O.
1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.
1 año para L.A.A. y E.F.A.C.
Durante ese período deberán cumplir varias reglas de conducta, entre ellas fijar y mantener domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, y no mantener contacto ni acercarse a la víctima.
La jueza advirtió que si incumplen las condiciones impuestas o cometen un nuevo delito, el beneficio será revocado y la causa continuará hacia un juicio.
Los nombres completos de los imputados se mantienen en reserva debido a que, si cumplen las condiciones durante el plazo establecido, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.
