NeuquenNewsLa Resolución 102/2026 del Ministerio de Defensa no es, en términos formales, una norma extensa ni compleja. Sin embargo, su relevancia política e institucional es considerable. Se trata del acto administrativo que pone en marcha la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la transición hacia un nuevo esquema sanitario dividido entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad. La norma ejecuta lo dispuesto por el DNU 88/2026 y marca el inicio operativo de una reforma estructural del sistema de cobertura social militar.
El texto oficial confirma que el Ministerio designa al Coronel Mayor (R) Ariel Guzmán como Administrador del IOSFA por 365 días para conducir el proceso de disolución, transferencia de activos y traspaso del personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). También cesa al Directorio vigente y establece una comisión de asesoramiento con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, bajo auditoría de la SIGEN.
A partir de este punto comienza un proceso que, aunque presentado como reorganización administrativa, implica cambios institucionales, políticos y sociales profundos.
Desde el punto de vista técnico, la resolución cumple una función de ejecución: designa a quien conducirá la liquidación del IOSFA y fija el marco de transición. El IOSFA había sido creado en 2013 para unificar las coberturas médicas de Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura. El DNU 88/2026 rompe ese modelo e impone una nueva estructura dual:
OSFA → Fuerzas Armadas (bajo Defensa)
OSFFESEG → Fuerzas de Seguridad (bajo Seguridad Nacional)
La resolución activa el mecanismo operativo de esa división.
Sin embargo, el proceso plantea varios problemas técnicos relevantes:
La disolución de una obra social nacional no es un trámite administrativo simple. Implica:
Transferencia de activos patrimoniales
Reasignación de personal
Continuidad de prestaciones médicas
Revisión de contratos con prestadores
Integración de sistemas administrativos y financieros
El plazo de 365 días es extremadamente ajustado para un organismo con décadas de funcionamiento y miles de afiliados. Cualquier falla en la transición puede impactar directamente en la atención sanitaria.
Toda transición institucional en sistemas de salud conlleva riesgo de interrupciones:
Demoras en autorizaciones
Problemas de facturación con prestadores
Cambios en cobertura o nomencladores
Confusión administrativa entre organismos salientes y entrantes
Estos riesgos no son teóricos: en reformas similares, los efectos suelen manifestarse en el primer año de implementación.
El argumento oficial es reorganizar y hacer más eficiente el sistema. Sin embargo, separar estructuras previamente unificadas implica:
Dos directorios
Dos administraciones
Dos sistemas de gestión
Dos estructuras prestacionales
Esto puede aumentar el gasto administrativo en lugar de reducirlo, contradiciendo el principio de racionalización estatal.
Uno de los puntos más sensibles es el instrumento utilizado: el Decreto de Necesidad y Urgencia.
Formalmente, el Poder Ejecutivo puede reorganizar entes creados por DNU mediante otro DNU. Pero el cambio afecta:
La cobertura médica de personal activo y retirado
Beneficios sociales consolidados históricamente
Un sistema con impacto sobre familias completas de fuerzas uniformadas
La magnitud del cambio sugiere que hubiera correspondido un debate legislativo. El uso del DNU concentra la decisión en el Ejecutivo y reduce el control parlamentario.
Existe además un riesgo institucional latente: si el Congreso rechazara el DNU 88/2026, todo el proceso podría quedar jurídicamente cuestionado, generando inseguridad normativa en el sistema sanitario militar.
Esta resolución debe leerse dentro del proyecto de reforma estatal del gobierno nacional, basado en:
Reducción de estructuras
Reorganización institucional
Centralización decisional
Uso intensivo de DNUs
La rapidez del proceso es significativa: el Directorio del IOSFA había sido designado en julio de 2025 y es removido apenas siete meses después. Esto indica una decisión política previa más que una evaluación técnica gradual.
La designación de un Coronel Mayor retirado no es neutra. Políticamente:
Reduce resistencia interna en las Fuerzas
Otorga legitimidad institucional al proceso
Evita la percepción de imposición civil
El carácter ad honorem refuerza el discurso de austeridad, aunque también abre interrogantes sobre dedicación, responsabilidad y poder real de decisión.
La separación OSFA / OSFFESEG no solo reorganiza el sistema sanitario. También redistribuye poder político:
Defensa controla la obra social militar
Seguridad controla la de fuerzas federales
Esto fortalece institucionalmente a ambos ministerios y puede responder a equilibrios internos del gobierno más que a criterios estrictamente sanitarios.
Hasta ahora no hubo reacción pública significativa de:
Fuerzas Armadas
Gendarmería
Prefectura
Esto puede explicarse por:
Disciplina institucional
Expectativa prudente
Falta de efectos concretos aún visibles
Pero históricamente, las reformas en sistemas de bienestar de fuerzas uniformadas generan tensiones cuando comienzan a afectar prestaciones reales.
El proceso iniciado por esta resolución contiene riesgos políticos y operativos:
Riesgo sanitario
Interrupciones o deterioro en la atención médica.
Riesgo administrativo
Conflictos en la transferencia de activos, contratos y personal.
Riesgo presupuestario
Aumento del costo por duplicación de estructuras.
Riesgo institucional
Eventual cuestionamiento del DNU en el Congreso.
Riesgo político
Si la transición falla, el costo recaerá directamente sobre el gobierno.
Formalmente, la Resolución 102/2026 es un acto administrativo menor. Pero en la práctica es la primera pieza ejecutiva de una reforma estructural del sistema de salud de las fuerzas armadas y de seguridad.
No define el resultado final, pero sí inaugura el proceso. El éxito o fracaso dependerá de:
La capacidad real de gestión del Administrador
La coordinación interministerial
La estabilidad normativa del DNU
La continuidad efectiva de prestaciones médicas
La reacción futura de las fuerzas afectadas
La historia administrativa argentina muestra que las reformas estructurales no fracasan por la norma que las inicia, sino por la complejidad de su implementación.
Y ese proceso, recién comienza.
