Profesionales de salud contra la baja de la edad de punibilidad

El Servicio de Atención al Maltrato y ASI Infantil – Línea 102 del HPN difundió un pronunciamiento en el que rechazó la iniciativa de bajar la edad de punibilidad a 14 años. El equipo, con más de 30 años de experiencia, señaló que atiende 950 niñas, niños y adolescentes por año atravesados por violencias, abusos, negligencias graves y consumo problemático en contextos de pobreza y exclusión, según estadísticas 2024 de la Línea 102.
Desde su casuística y experiencia clínica, el servicio afirmó que el debate no debe centrarse “solo en la edad para el encierro”, sino en cómo evitar el sufrimiento, el daño y la pérdida irreparable de más vidas. En ese marco, cuestionó el tratamiento “exprés” de la ley y advirtió que se utiliza una tragedia reciente para presentar “una solución falsa a un problema complejo”.
El pronunciamiento remarcó que reducir el delito juvenil requiere invertir en salud y educación pública de calidad, con recursos humanos, edilicios y programas integrales, además de dispositivos reales de libertad asistida para quienes ya cometieron delitos, con tratamientos y proyectos de vida alternativos que eviten la reincidencia.
El equipo describió situaciones que escucha a diario en las familias: “Tengo miedo que salga y me lo/la maten”, “no me hace caso y anda con pibes que roban”, “anda con los que se drogan y también le dan plata”, “le pegué porque ya no sé cómo hacer para que no salga”. También alertó por el aumento de negligencias extremas, que en 2024 sumaron 337 casos (36,2%), donde no hay adultos que reclamen atención institucional.
Sobre el impacto de la iniciativa nacional, advirtió que encerrar adolescentes desde los 14 años profundiza el hacinamiento en instituciones de encierro y se aleja de una justicia restaurativa. En contraste, recordó que Neuquén cuenta con un régimen penal juvenil dentro de la Ley 2302, que prevé libertad asistida desde los 16 años, tratamientos y medidas de protección, con definición judicial a los 18 años. El servicio sostuvo que el problema no es la edad, sino la falta de inversión para cumplir la ley vigente y pidió a legisladores neuquinos no acompañar una norma que afecte la Ley 2302.
El documento subrayó la intervención temprana antes del delito, con defensorías y justicia civil activas desde escuelas, centros de salud, comedores y espacios comunitarios. También cuestionó coberturas mediáticas que convierten los hechos en espectáculo y dificultan comprender la complejidad del problema.
Finalmente, el servicio propuso líneas de acción: programas escolares para retener adolescentes en riesgo con equipos interdisciplinarios, fortalecer la atención primaria y la salud mental infantojuvenil, y ejecutar programas sociales con recursos económicos y habitacionales. El pronunciamiento concluyó con un llamado a construir una sociedad con responsabilidad y empatía hacia cada niña y niño.
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