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El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, emitió este martes una intimación al Estado nacional para que acredite con “documentos reales” avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), aprobada por el Congreso y cuya aplicación efectiva aún enfrenta demoras administrativas.
La resolución judicial se dio en el marco del amparo colectivo que tramita por demoras en el cumplimiento de la norma, iniciado por un padre en representación de sus hijos y con adhesiones de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter de interés público de la causa.
Un ultimátum con plazos y exigencias claras
El juez otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad, presenten pruebas documentales de que los trámites administrativos vinculados a la puesta en marcha de la ley avanzan de forma efectiva. La Justicia advirtió que ya no serán suficientes informes generales basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino que deberá acreditarse el cumplimiento de la sentencia con constancias verificables.
La intimación incluye un apercibimiento expreso: en caso de incumplimiento, el juzgado podría aplicar sanciones, incluso multas personales a los funcionarios responsables de ejecutar la política pública ordenada.
Además, el magistrado fijó una fecha límite inamovible: el 4 de febrero de 2026 debe encontrarse la Ley de Emergencia en Discapacidad plenamente ejecutada, con la reglamentación publicada, aranceles actualizados, planes de pago habilitados y mecanismos operativos puestos en marcha.
Por qué este fallo es central
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada en 2025 tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso y declarada vigente. Sin embargo, su aplicación efectiva se vio demorada por medidas posteriores del Poder Ejecutivo, incluida la suspensión parcial mediante un decreto que fue declarado inválido por el propio Juzgado Federal de Campana, al considerar que el Ejecutivo había excedido sus facultades al frenar la operación de una ley ratificada por el Parlamento.
La medida judicial actual tiene un impacto práctico directo en las prestaciones que reciben personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema: por ejemplo, los aranceles actualizados para centros de atención, los planes de pago de compensaciones adeudadas y la apertura de mecanismos de refinanciación de deudas son parte de las piezas que la Justicia espera ver acreditadas para considerar cumplida la orden.
En este contexto, el fallo pone al Estado frente a un cronograma estricto, con consecuencias legales claras si no se demuestra el cumplimiento de la ley. Para los sectores organizados detrás del amparo, incluidos familiares y asociaciones civiles, la exigencia del tribunal representa un paso más allá de los debates administrativos: exige resultados que impacten en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
