El Gobierno derogó nueve resoluciones mineras y avanza con una reorganización normativa
El Gobierno nacional dispuso la derogación de nueve resoluciones vinculadas a la actividad minera, en el marco de un proceso de reorganización normativa que apunta a simplificar la estructura regulatoria y adecuarla a las prioridades actuales de gestión. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, publicada en el Boletín Oficial.
Las disposiciones eliminadas habían sido dictadas entre 2008 y 2022 y, según los fundamentos de la medida, varias habían perdido vigencia u operatividad, mientras que otras ya no resultaban compatibles con los lineamientos de la política minera nacional.
Programas alcanzados
Entre las iniciativas derogadas se encuentran:
El Plan Nacional de Minería Social, junto con su adaptación implementada durante la emergencia sanitaria.
El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, creado en 2020.
La Mesa Técnica de Análisis de Importaciones del sector minero.
La Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Normas vinculadas con los plazos de rendición de fondos de proyectos sociales como el Plan Nacional de Huellas Mineras.
El Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales, diseñado en 2022 para promover cooperación técnica y financiera con las provincias en materia de control ambiental.
Continuidad de convenios y obligaciones
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la derogación no afecta los convenios ya firmados ni las obligaciones pendientes. Los proyectos que hayan recibido recursos deberán continuar con su ejecución y cumplir con las rendiciones de cuentas correspondientes. Asimismo, seguirán adelante las acciones de recupero de fondos según las normas de administración financiera y los mecanismos aplicables a transferencias presupuestarias hacia provincias, municipios y organismos.
Reordenamiento de la política minera
La Secretaría de Minería enmarcó la medida dentro de un proceso más amplio de simplificación y reordenamiento de la normativa minera, con el objetivo de eliminar disposiciones consideradas obsoletas y programas que dejaron de responder a las prioridades actuales.
De acuerdo con la información oficial, varios de los programas alcanzados ya no funcionaban adecuadamente ni generaban transferencias hacia las provincias. La reorganización permitirá avanzar hacia una estructura regulatoria más simple y eficiente, capaz de responder a los desafíos actuales del sector.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, por lo que la derogación de las nueve disposiciones ya forma parte del nuevo esquema normativo de la Secretaría de Minería.
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