Las nuevas concesionarias tomaron posesión de las represas del Comahue y comienza la transición operativa

Las compañías adjudicatarias están comprometidas a avanzar con un plan de modernización y renovación tecnológica.

ENERGÍA12/01/2026Neuquén NoticiasNeuquén Noticias
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Las empresas adjudicatarias del proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue asumieron el viernes pasado la toma de posesión de los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, dando inicio a una nueva etapa en la gestión del sistema hidroeléctrico del sur del país.

Según informó oficialmente el Gobierno nacional, la transición se realiza bajo un régimen transitorio dispuesto por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que garantiza la continuidad plena de la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), sin interrupciones en el suministro.

Las empresas que asumieron la gestión son Edison Inversiones S.A.U., a cargo de Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora S.A.U., que operará El Chocón; y Central Puerto S.A., que continuará al frente de Piedra del Águila.

De manera simultánea, CAMMESA puso en marcha las adecuaciones necesarias en materia de programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y sin impactos sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Además del pago ya realizado al Estado nacional por la concesión, los nuevos operadores deberán ejecutar un plan integral de modernización y renovación tecnológica de las centrales, conocido como rebumping. Estas inversiones, estimadas en alrededor de USD 400 millones, forman parte de las obligaciones contractuales y estarán destinadas a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia operativa y reforzar los estándares de seguridad de los complejos hidroeléctricos.

El cronograma establece que las concesionarias cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la documentación administrativa final requerida por la autoridad de aplicación.
 

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