La Justicia Federal frenó las elecciones en CALF

La Justicia Federal de Neuquén resolvió suspender de manera inmediata el proceso electoral de la Cooperativa CALF, previsto para el próximo 28 de diciembre, en el marco de un conflicto judicial que combina nulidades estatutarias, apelaciones con efecto suspensivo y un delicado análisis del interés público comprometido.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N.º 1, mediante una medida cautelar interina, mientras se aguarda un informe técnico del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), requerido conforme a lo establecido por la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado.

Qué resolvió concretamente la jueza

El fallo no se pronuncia aún sobre la cautelar “de fondo”. En esta etapa, el tribunal:

• Ordenó al INAES que, en un plazo de tres días, emita un informe sobre el interés público involucrado en la suspensión del proceso electoral.
• Dispuso una medida cautelar interina que obliga a CALF a suspender todos los actos preparatorios, instrumentales y ejecutorios vinculados a la elección de delegados.
• Exigió al actor la prestación de caución juratoria, como garantía mínima por los eventuales efectos de la medida.

La jueza fundamentó la urgencia en la existencia de “circunstancias graves y objetivamente impostergables”, criterio habilitante para este tipo de decisiones provisorias.

El trasfondo del conflicto

El eje del litigio está en la validez del estatuto social de CALF. El pasado 2 de diciembre, el juzgado había dictado sentencia de amparo declarando la nulidad de una resolución del INAES que aprobó una reforma estatutaria con un texto distinto al aprobado por el órgano competente de la cooperativa.

Sin embargo, tanto CALF como el INAES apelaron esa sentencia, y el tribunal concedió los recursos “en relación y en ambos efectos”, lo que implica que la sentencia no quedó firme y que el acto administrativo cuestionado mantiene, provisoriamente, su presunción de legitimidad.

Ese dato es clave: mientras la Cámara Federal no se pronuncie, el estatuto cuestionado sigue formalmente vigente, aunque bajo fuerte controversia judicial.

El riesgo institucional que pesó en la decisión

El juzgado entendió que permitir elecciones bajo un estatuto que podría quedar definitivamente anulado generaría un escenario de nulidades en cascada, afectando:

• La legitimidad de los delegados electos.
• Las decisiones posteriores de la asamblea.
• La validez de los actos de las autoridades que resulten designadas.

La resolución subraya además la dimensión social de CALF, que cuenta con aproximadamente 110.000 asociados y presta servicios esenciales como energía eléctrica, conectividad e incluso servicios sociales, lo que amplifica el potencial daño institucional.

Por qué se dictó una “interina” y no una cautelar definitiva

La jueza aplicó de manera estricta la Ley 26.854, que obliga —salvo excepciones— a escuchar previamente al Estado antes de suspender los efectos de un acto administrativo.

En ese marco, la cautelar interina funciona como una medida de contención temporal, destinada a congelar la situación hasta contar con el informe del INAES, sin adelantar opinión definitiva sobre la validez del acto administrativo ni sobre el fondo del litigio.

Inconsistencias y errores formales del fallo

Más allá del fondo de la decisión, el texto del fallo presenta inconsistencias que merecen ser señaladas, por su relevancia jurídica y comunicacional:

1. Error cronológico evidente
   El fallo consigna que el actor se presentó el 6 de octubre de 2025 para oponerse a la concesión de recursos contra una sentencia dictada el 2 de diciembre de 2025, lo que resulta temporalmente imposible. Todo indica un error material de fecha, probablemente un 6 de diciembre, pero no es corregido ni aclarado en el texto.
2. Confusión en la identificación del acto administrativo
   En distintos tramos del fallo se mencionan dos resoluciones del INAES con numeración distinta como base del estatuto cuestionado. En un pasaje se alude a la resolución anulada por la sentencia, pero al transcribir el edicto electoral se cita otra numeración, afirmando luego que “es justamente el acto declarado nulo”.
   Esta ambigüedad en la identificación del acto administrativo no es menor, ya que el objeto exacto de la nulidad es central para el proceso.
3. Redacción imprecisa en un expediente sensible
   Tratándose de un conflicto que afecta un proceso electoral cooperativo de gran escala, estos errores formales debilitan la claridad del fallo, aunque no necesariamente su validez jurídica.

Qué puede pasar ahora

El escenario inmediato depende de dos factores:

• El contenido del informe del INAES, que deberá pronunciarse sobre el interés público comprometido.
• La decisión de la Cámara Federal al resolver las apelaciones contra la sentencia de nulidad.

Hasta tanto eso ocurra, las elecciones quedan suspendidas, y CALF se encuentra en una situación de interinidad institucional forzada por la vía judicial.

Una señal clara, aunque provisoria

El fallo no define el conflicto de fondo, pero envía un mensaje inequívoco: la Justicia prioriza evitar un daño institucional mayor antes que permitir un proceso electoral bajo reglas cuya legalidad está seriamente cuestionada.

Al mismo tiempo, las inconsistencias detectadas recuerdan que, en litigios de alto impacto público, la prolijidad formal no es un detalle menor, sino parte sustancial de la seguridad jurídica que se pretende resguardar.