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El diputado nacional por Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó hoy un proyecto de ley para reparar a víctimas sobrevivientes y familiares directos de víctimas fatales de la tragedia del fentanilo contaminado ocurrida meses atrás por la circulación en el mercado de lotes de medicamentos adulterados.
La reparación "integral e igualitaria" incluye una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, pero la iniciativa además comprende "prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral"
El proyecto prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.
La subvención no es incompatible, ni se tendrá en cuenta, en el cobro de futuras indemnizaciones a ser percibidas por vía judicial o extrajudicial.
Esta reparación podrá ser recibida por los hijos menores hasta los 18 años, a través de sus representantes legales, o mayores que estudian hasta los 25 años de edad con acreditación del certificado respectivo.
También la subvención estará dirigida al cónyuge o conviviente que acredite un mínimo de dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento.
En el caso de las víctimas sobrevivientes, la subvención estará disponible para ellas durante el tiempo que perdure la incapacidad laboral ocasionada por el suministro del fentanilo contaminado o adulterado.
“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, sostuvo Valdés, autor del proyecto que también lleva la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
El diputado opositor explicó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina", por lo que subrayó la necesidad de encarar esta ley que ofrece "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.
La norma, que crea el "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado" encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas.
Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.
