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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, resolvió este 5 de noviembre de 2025 iniciar el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, situada en el departamento Calamuchita, Córdoba.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1751/2025, habilita la venta del 44% de las acciones al capital privado mediante licitación pública nacional e internacional, con el argumento de “modernizar” la estructura energética del país.
Desde el Congreso se promovieron distintas medidas para frenar esta decisión. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una iniciativa que busca revertir la crisis generada por los recortes presupuestarios.
El texto apunta a restablecer fondos, recomponer salarios y proteger a las empresas estatales estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, el proyecto aún no fue tratado en el Senado, y su futuro es incierto, mientras casi la mitad de Nucleoeléctrica ya está en proceso de privatización.
Un cambio que sacude al corazón energético de Córdoba
La Central Nuclear de Embalse, es una de las usinas más emblemáticas del sistema energético argentino. Ubicada sobre la costa sur del embalse del Río Tercero, fue inaugurada en 1984 y extendió su vida útil en 2019 tras una modernización que empleó a más de 3.000 trabajadores y aseguró 30 años más de operación segura.
Su importancia va más allá de lo energético: produce Cobalto-60, material radiactivo clave para tratamientos médicos y usos industriales, y sostiene más de 1.000 empleos directos en la región.
La apertura al capital privado genera incertidumbre sobre su futuro. Aunque el Estado conservará el 51% del paquete accionario y el control operativo, la medida podría redefinir decisiones estratégicas sobre inversiones, mantenimiento y expansión del sistema nuclear argentino.
Qué establece la Resolución 1751/2025
La norma, firmada por el ministro Luis Caputo, instruye a la Secretaría de Energía a realizar un inventario detallado de los bienes de NASA, una tasación oficial y la elaboración de pliegos licitatorios en un plazo máximo de 12 meses.
El proceso incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP), que permitirá a los trabajadores acceder al 5% del capital accionario, replicando experiencias de privatización de los años noventa. La venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, y se espera la participación de inversores nacionales e internacionales.
