Centenario: tomó, volcó un auto y provocó la muerte de su acompañante, le formularon cargos

El delito que la representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó es homicidio culposo triplemente agravado: por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima y por circular en exceso de velocidad de más de 30 km/h por encima de la máxima permitida con un nivel de alcohol en sangre superior a 1 g/l, todo en carácter de autor (artículos 94 bis segundo párrafo y 45 del Código Penal y artículos 39, 48, 51 y 64 de la Ley Nacional de Tránsito 24449).

De acuerdo a la teoría del cao que investigan el MPF y la Policía provincial, el 15 de junio del 2025, cerca de las 7:00, J.C.A, causó la muerte de Lucas Agustín Cárdena al derrapar y volcar un vehículo Volkswagen Gol en la Ruta Provincial N° 7 a la altura de la Calle Rural 4.

El imputado circulaba por el carril Este con sentido Sur-Norte, trasladando a Lucas Agustín Cárdena y otro joven en el automóvil, a una velocidad mínima de 97 km/h, siendo la máxima permitida de 60 km/h.

En esas circunstancias, y mientras lloviznaba, J.C.A perdió el control del vehículo, derrapó, provocó el vuelco del vehículo e impactó con un poste de madera.

Luego de producido el siniestro, el imputado se fugó a pie por la Ruta 7 y fue alcanzado por personal policial a 500 metros del lugar.

Como consecuencia del vuelco, Lucas Cárdena salió despedido del vehículo y murió en el lugar, mientras que el conductor y el otro acompañante sufrieron lesiones leves.

Tras la intervención de la policía y luego de la realización de un test de alcoholemia (a las 10:30 hs), el acusado presentó una graduación de alcohol en sangre de 1,11 g/l.

El abogado y la abogada que intervinieron como querellantes en representación de la familia de Cárdena, adhirieron a todo lo expuesto por la fiscal Sola.

El juez de garantías Luciano Hermosilla, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por las partes acusadoras y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.