La Resolución 400/2025 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de octubre en el Boletín Oficial, marca el inicio de una transformación estructural del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La norma impulsa la libre contratación entre generadores y distribuidores, elimina restricciones a la competencia, reduce subsidios y busca atraer capital privado con nuevos esquemas de remuneración e incentivos para la generación. El proceso comenzará el 1° de noviembre y tendrá un período de transición de 24 meses.
ACTUALIDAD21/10/2025
NeuquenNews
La Resolución 400/2025, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, constituye uno de los cambios regulatorios más profundos desde la desregulación del sector eléctrico en los años ’90. Su objetivo es reconstruir el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sobre bases de competencia y transparencia, reduciendo la intervención estatal y trasladando progresivamente los costos reales a la demanda.
El texto se apoya en la Ley 24.065 (marco regulatorio eléctrico) y en el Decreto 450/2025, que dispuso un período de transición de dos años para implementar la “normalización” del mercado. En ese lapso, se buscará pasar de un esquema de precios administrados por el Estado a uno donde las señales económicas —precio, calidad, eficiencia— definan la asignación de recursos.
Ejes principales de la resolución
1. Reordenamiento del Mercado Eléctrico Mayorista
El decreto establece nuevas reglas para la operación, precios y contratos dentro del MEM, vigentes desde el 1° de noviembre de 2025. Se aprueban las “Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva”, que definen cómo se irán liberando los precios y los contratos a término entre generadores, distribuidores y grandes usuarios.
El mercado se dividirá en:
Generación Asignada: unidades con contratos vigentes o bajo control estatal (nuclear, hidroeléctrica, ENARSA, etc.), que seguirán reguladas.
Generación al Spot: el resto de las unidades, que competirán libremente bajo un esquema de precios basados en costos marginales.
Generación Nueva: toda central habilitada desde el 1° de enero de 2025, que recibirá incentivos especiales.
2. Nuevos esquemas de precios y combustibles
CAMMESA (la administradora del MEM) deberá aplicar un nuevo sistema de gestión de combustibles y remuneración de energía y potencia. Esto permitirá a los generadores comprar directamente gas o combustibles líquidos, reduciendo el rol del Estado como intermediario.
Además, se incorpora un esquema de precios más transparente, con ajustes en dólares y referencia al tipo de cambio oficial del Banco Central.
3. Fin del subsidio cruzado y sinceramiento tarifario
Uno de los objetivos centrales es eliminar los subsidios implícitos que distorsionan el costo real de la energía. La resolución avanza hacia una asignación de precios más cercana al costo de producción y transporte, tanto para usuarios residenciales como industriales. Esto implicará un traslado gradual de costos al consumidor final, aunque se prevén mecanismos de contención durante la transición.
4. Incentivos a la inversión privada
Se crean dos mecanismos clave:
Servicio de Reserva de Confiabilidad Base: para generación térmica existente, con una remuneración de USD 1.000 por MW-mes disponible.
Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional: para nueva generación (térmica, hidráulica, nuclear o de almacenamiento), con una remuneración de USD 9.000 por MW-mes, durante un máximo de diez años.
Estos esquemas buscan garantizar disponibilidad y estimular inversiones privadas en nuevas plantas, especialmente en contextos de alta demanda o proyectos de expansión del sistema.
5. Apertura al mercado a término renovable
Se elimina la restricción que impedía a los distribuidores contratar directamente energía renovable a través del MATER (Mercado a Término de Energías Renovables). Esto abre la puerta a acuerdos bilaterales entre cooperativas, empresas y generadores verdes, fortaleciendo el desarrollo del sector.
6. Mayor autonomía de CAMMESA y transparencia
La empresa deberá publicar y actualizar toda la información sobre contratos, unidades de generación, precios y transacciones. Su rol pasa a ser más técnico y menos interventor, acompañando el proceso de descentralización y monitoreando la adaptación progresiva del mercado.
Impacto esperado
En términos prácticos, la resolución 400/2025 apunta a reinstalar un mercado eléctrico competitivo, con precios más cercanos a los reales, menos dependencia del subsidio estatal y mayor previsibilidad para los inversores. Sin embargo, este proceso implicará un ajuste tarifario inevitable y un reacomodamiento en los costos energéticos para usuarios residenciales e industriales.
Para el sector privado, representa una oportunidad: con nuevas reglas claras, incentivos en dólares y libertad contractual, se abre el escenario para inversiones en generación térmica y renovable.
Para el Estado, significa una reducción progresiva del gasto en subsidios y un paso hacia la autosuficiencia económica del sistema eléctrico argentino.
La Resolución 400/2025 marca el inicio de un nuevo ciclo en la política energética nacional. Si bien el espíritu liberalizador busca eficiencia y competitividad, el desafío estará en equilibrar la transición sin afectar la accesibilidad de los hogares al servicio eléctrico. La normalización del MEM puede ordenar un sistema fragmentado, pero exigirá una fuerte capacidad regulatoria para evitar que el mercado se vuelva un terreno de concentración o abuso de posición dominante.
Impacto en el bolsillo del consumidor
El cambio más visible de esta resolución será en las facturas de luz. Al avanzar hacia un esquema donde los precios reflejan los costos reales de generación y transporte, los usuarios residenciales comenzarán a pagar tarifas más altas, especialmente quienes hoy reciben subsidios o se encuentran en segmentos medios y altos.
En la práctica, esto implicará un sinceramiento tarifario progresivo: menos intervención del Estado y más peso del costo energético en el gasto familiar. Aunque el Gobierno promete una transición ordenada, el impacto se sentirá en los próximos meses, con aumentos escalonados que buscan cubrir gradualmente el valor pleno de la energía.
La medida busca completar la normalización institucional, contable y ambiental de la entidad. Asociados reclaman mayor transparencia.
Lo hizo a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. La suspensión rige hasta que el Congreso asigne fondos en el presupuesto.
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