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El Gobierno de Javier Milei informó este viernes que denunciará a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, luego de que la institución habría bloqueado el acceso a su página oficial para mostrar contenidos de carácter político-partidario. Según el Ministerio de Capital Humano, la medida “impidió el normal acceso de los estudiantes” a www.uba.ar, lo que constituye –de acuerdo con el Ejecutivo– una maniobra contraria a las normas de transparencia del sector público.
En el comunicado oficial, la cartera exigió el “cese inmediato” de la práctica y anunció una investigación administrativa y legal para determinar responsabilidades. “Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”, remarcó el Gobierno, al tiempo que advirtió que la utilización de recursos públicos con fines políticos “viola principios básicos del sistema educativo”.
Un conflicto en escalada
El anuncio se produce en un contexto de fuerte enfrentamiento con las universidades públicas. Apenas dos días antes, Milei había vetado la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso, así como la norma que declaraba la emergencia sanitaria en salud pediátrica. Ambas decisiones se inscriben en la política de “déficit cero” que impulsa la Casa Rosada, que evita todo gasto no previsto en el presupuesto.
La medida generó un inmediato rechazo del sector académico: la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó para este viernes un paro nacional de 24 horas en defensa de la educación pública y en repudio al veto presidencial. La protesta coincidió con la denuncia contra la UBA, lo que alimentó aún más las tensiones entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria.
Educación y salud en la cuerda floja
El veto a la emergencia presupuestaria en salud pediátrica también abrió un frente delicado, en un sistema sanitario que enfrenta graves dificultades de financiamiento. La falta de recursos en hospitales y centros especializados en atención infantil se combina con la incertidumbre sobre el futuro de las universidades, generando un clima de preocupación social creciente.
En este marco, la denuncia contra la UBA no solo tiene un trasfondo legal, sino también un fuerte componente político, en momentos donde el Gobierno refuerza su discurso contra las instituciones públicas que cuestionan su programa económico.
En el ojo de la tormenta
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a quedar en el centro de la escena con este anuncio. Su gestión, cuestionada desde el inicio por la magnitud de la cartera bajo su órbita, enfrenta múltiples frentes judiciales y políticos: desde denuncias por irregularidades en la entrega de alimentos hasta investigaciones por contrataciones en organismos dependientes de su ministerio.
Uno de los episodios más polémicos fue la negativa a distribuir alimentos a comedores populares bajo el argumento de una auditoría que, tiempo después, el propio Gobierno reconoció que nunca se había realizado, lo que derivó en causas judiciales y fuertes críticas de organizaciones sociales y opositores.
A ello se suma el clima de confrontación con sindicatos docentes y entidades universitarias, consolidando a Pettovello como una de las figuras más controvertidas del gabinete, aunque con el respaldo público de Javier Milei, que la mantiene como una pieza clave en su estrategia política.
