La justicia federal de Estados Unidos suspendió temporalmente la ejecución de la orden que obliga a la República Argentina a transferir su participación mayoritaria (51 %) en la petrolera YPF para cumplir, al menos en parte, con la sentencia de 16 100 millones de dólares que pesa contra el país sudamericano.
ENERGÍA14/07/2025
NeuquenNews
La magistrada Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, extendió hasta el 17 de julio el plazo originalmente fijado para la entrega, con el fin de que Argentina pueda presentar una apelación de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan (Reuters). Sin embargo, rechazó conceder una prórroga mayor y advirtió que Argentina “continúa demorando y evadiendo sus obligaciones” bajo el dictamen.
El juicio tiene su origen en la expropiación, en 2012, de la participación que Repsol mantenía en YPF, sin ofrecer compensación adecuada a los accionistas minoritarios Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital, representados por Burford Capital. En 2023, Preska condenó a Argentina al pago de 14 390 M US$ a Petersen y 1 710 M US$ a Eton Park .
Argentina sostiene que las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de EE.UU., y afirma que perder su participación de control en la mayor empresa energética del país pondría en riesgo su soberanía, comprometería sus relaciones internacionales y sería irreversible, incluso si triunfara en apelación.
Por su parte, Burford Capital sostiene que la excepción por actividad comercial permite la ejecución de la sentencia, y que el país ha incurrido en maniobras dilatorias por años.
Este alivio momentáneo ofrece un respiro a una economía argentina presionada por la inflación, escasez de divisas y una elevada carga de deuda bajo el gobierno de Javier Milei, quien ha buscado con urgencia reforzar las reservas internacionales.
Contexto y relevancia
El litigio refleja el choque entre jueces estadounidenses y el debate sobre la capacidad de los tribunales de EE.UU. para intervenir en activos soberanos, especialmente en casos de nacionalizaciones.
La sentencia —que asciende a 16.100 MUS$ contando daños y compensaciones acumuladas— amenaza con recortar el control argentino sobre su principal compañía energética.
El desenlace del proceso no sólo impacta la soberanía económica del país, sino también sus planes de desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, la principal esperanza de exportación y acceso a dólares frescos.
Argentina ha solicitado además medidas similares en otras jurisdicciones, como el Reino Unido, mientras el litigio continúa acumulando intereses diarios y litigios paralelos.
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