Adopciones internacionales: el tráfico de bebés desde Chile a Suiza

A partir de finales de los años setenta, cada vez más familias suizas realizaban adopciones internacionales, principalmente en países en desarrollo. El deseo insatisfecho de tener descendencia, la baja tasa de orfandad en Suiza y la esperanza de satisfacer las necesidades de bebés sin recursos explican este incremento. De acuerdo con las cifras, en el año 2000 se llevaron a cabo más de 15.000 adopciones.

Las personas de Chile eran particularmente populares “por el color blanco de su piel”, tal y como lo calificó la embajada suiza en 1989. En el país, se entregaron en adopción a al menos 384 bebés a parejas suizas. Para Swissinfo, tuve acceso a 34 documentos anónimos de adopciones de bebés procedentes de Chile que obran en los archivos estatales de varios cantones.

Se estima que Chile dio en adopción a más de 20.000 niños y niñas que supuestamente se encontraban en una situación de desamparo. Sin embargo, en muchas ocasiones los alejaban de sus madres a la fuerza con la participación de cuestionables intermediarios que se lucraban de ello. En la actualidad, las víctimas exigen explicaciones y la reparación de los daños.

Creer que su propia madre la había abandonado
Angeline-Lolita Masson, de Vevey, fue adoptada cuando tenía tres meses. «Siempre he creído que mi madre biológica me abandonó», nos cuenta. Un abogado les dijo a sus padres adoptivos que una trabajadora sexual había abandonado a la recién nacida y que él la había salvado. Hace dos años, la joven de 37 años descubrió que obligaron a su madre a entregarla. Presuntamente, el abogado había actuado a cambio de dinero y la madre, Clementina Rosa Becerra León, había estado buscando a su hija desde entonces.

Miles de mujeres se encuentran en la misma situación. En marzo de 2025, frente al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, unos patucos hechos a mano conducen a una figura de cartón que lleva a una persona recién nacida en brazos. La representación pertenece a la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), que agrupa a madres biológicas.

Se trata de mujeres que se quedaron embarazadas siendo muy jóvenes -a menudo solteras-, y algunas pertenecían a una minoría indígena. Provenían de zonas rurales o de alguna de las áreas más marginales de las grandes ciudades del país. Poco después del parto, les quitaban a sus bebés. En algunos casos, el personal sanitario les contaba que habían nacido muertos. En otros casos, eran los trabajadores sociales o los propios familiares quienes las obligaban a entregarlos.

El papel de la justicia chilena
Una serie de investigaciones periodísticas, realizadas con el medio de investigación chileno CIPER como uno de los colaboradores, pudo demostrar que la judicatura desempeñaba un papel fundamental en las adopciones irregulares. Quienes la integraban formaban parte de una red más extensa que incluía a sanitarios, abogados, trabajadores sociales y agencias de adopción internacional que se encargaban de identificar a las madres desde el principio de sus embarazos y les arrebataban a los recién nacidos, normalmente mediante coacciones y estafas. El objetivo era lucrarse económicamente con la adopción. A principios de junio de 2025, un órgano judicial chileno dictó la primera orden de detención contra una jueza implicada y otras cuatro personas acusadas del delito descrito.

Aunque la mayoría de los hechos tuvieron lugar hace más de 30 años, aún pueden tener consecuencias penales. La justicia chilena sostiene que los delitos cometidos en relación con las adopciones irregulares podrían constituir, en determinados casos, violaciones de derechos humanos y que, como consecuencia, podrían no prescribir.

Las adopciones ilegales realizadas por parejas extranjeras alcanzaron su punto máximo durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1973 y 1990. En ese periodo era imposible recurrir las decisiones de los órganos judiciales. Las madres que no querían creer el fallecimiento de sus bebés recibían amenazas por parte de la policía. Bajo el régimen militar, una detención podía suponer la tortura o incluso la muerte.

Ni rastro por escrito
Algunos de los 34 expedientes de adopción anónimos que he tenido en mis manos contenían información limitada sobre los orígenes de las personas recién nacidas. En determinados casos, solo se incluía una autorización judicial para que pudieran salir del país. Se echa en falta documentación que demuestre si las madres estaban conformes con las adopciones o si a los bebés los habían abandonado. En cambio, en Suiza, este tipo de información era obligatoria para poder llevar a cabo una adopción.

Otros documentos de las adopciones eran mucho más extensos. En la mayoría de los casos, un procedimiento judicial otorgaba la tutela legal a una pareja para su posterior adopción en Suiza. En las actas constaba que la madre biológica presente daba su consentimiento a la adopción o que “había dejado” a su bebé en el hospital. En algunos casos, los informes de los trabajadores sociales constataban las precarias condiciones de vida de los padres biológicos, razón por la cual se veían obligados a dar a sus bebés en adopción. Sobre el papel, parece que no hubo ningún procedimiento irregular.

Ahora bien, mi investigación para el medio suizo Beobachter señala que los documentos judiciales incluían algunas declaraciones falsas, pues se inventaban los testimonios de los padres biológicos y falsificaban los consentimientos firmados. A las madres les arrebataron a sus bebés y más adelante ni siquiera se las informó sobre los procedimientos en curso ni se las incluyó en ellos.

La embajada suiza promovió adopciones desde Chile

Las autoridades suizas podrían haber intervenido a tiempo. En agosto de 1988, el periódico suizo SonntagsZeitung publicó una investigación sobre el tráfico infantil en Chile. En ella, el periodista describía el sistema que traficaba con bebés supuestamente abandonados por cantidades que llegaban a alcanzar los 22.400 francos suizos. Una “mafia” que, según el periodista, se veía alentada por la situación de pobreza generalizada, la falta de medios anticonceptivos y la implicación de la junta militar.

El informe también se encuentra en los Archivos federales en los documentos de la embajada de Santiago de Chile. Sin embargo, en lugar de intervenir contra las actividades irregulares e informar a las autoridades suizas sobre los delitos, la embajada continuó promoviendo las adopciones desde Chile. En los Archivos federales de Berna obran cartas en las que el personal de la embajada aconsejaba hasta principios de la década de 1990 a parejas que buscaban adoptar. En ocasiones, se indicaban direcciones de agencias de adopción y, en otras, se proporcionaba información sobre la región en la que había más bebés disponibles. Además, algunos eran trabajadores de embajadas suizas destinados en otros países que habían mostrado interés en adoptar.

En 2020, el Gobierno suizo se disculpó por sus propias negligencias y solicitó varias investigaciones para seguir evaluando la magnitud de las adopciones irregulares.

El fin de las adopciones irregulares
Con el regreso de la democracia en 1990, el negocio de las adopciones irregulares se vio cada vez más limitado. En la década de los años noventa, el Estado chileno implementó varias reformas con el objetivo de combatir la corrupción generalizada en el sistema judicial y limitar así las adopciones internacionales. En 1999, tres años antes que Suiza, Chile firmó el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. En tanto que a partir de ese momento solo se permitieron las adopciones entre Estados miembros, se puso fin a las adopciones extranjeras en Suiza.

Más de 30 años después, miles de personas siguen buscando a sus padres biológicos o a sus bebés robados. La organización de víctimas HMS insta, asimismo, a los países involucrados por aquel entonces a que colaboren en la búsqueda de las familias de origen. Un avance importante sería la creación de una base de datos de ADN, puesto que en ocasiones se proporcionaron datos falsos o incompletos sobre los padres biológicos durante los procesos de adopción. A principios de junio, el Gobierno chileno dio respuesta a esta demanda y anunció la creación de la base de datos.

Las personas afectadas, como Angeline-Lolita Masson, continúan sintiéndose abandonadas por las autoridades suizas. Masson explica que «conocer la verdad ha sido muy duro». Necesita más apoyo y una forma de afrontar los errores del pasado que se adecúe a las necesidades de las víctimas.

«Siempre me han recibido con los brazos abiertos», explica Masson, pero existe un caos institucional, lo que conlleva meses de espera e infinidad de trámites con las autoridades. «Personalmente, lo que más me importa ahora es la reparación moral», concluye Masson, «y la oportunidad de pasar tiempo con mi familia biológica».

Fuente: swissinfo.ch