Legislatura Neuquina: adiós a los celulares en aulas y proyecto de Ley de Protección Docente a punto de ser sancionadas

La provincia de Neuquén se posiciona a la vanguardia educativa de Argentina con la inminente aprobación de dos proyectos de ley trascendentales que prometen transformar el ambiente escolar: la estricta regulación del uso de celulares en las aulas y una robusta iniciativa contra la violencia hacia los docentes. Ambas propuestas, que han generado gran expectativa, están a punto de ser sancionadas en la Legislatura, con votación prevista antes del receso de invierno, lo que las convertiría en ley una vez que el estudiantado retorne a las aulas.

Regulación del Uso de Celulares: Neuquén, la primera en el país

El proyecto que limita el uso de dispositivos móviles fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, situando a Neuquén como la primera provincia del país en adoptar una medida de este tipo por ley. La normativa establece directrices claras según el nivel educativo:

Nivel Inicial (Jardín): Los dispositivos estarán completamente prohibidos.

Nivel Primario: El uso de celulares solo se permitirá en situaciones que lo justifiquen plenamente, específicamente cuando formen parte de un proyecto didáctico. Para ello, las familias deberán ser informadas previamente y dar su consentimiento, y el uso deberá estar siempre bajo la supervisión directa del docente.

Nivel Secundario: Al igual que en primaria, los celulares solo podrán ser utilizados con fines pedagógicos y bajo la autorización explícita del profesor.

Además, la ley contempla la posibilidad de bloquear el acceso a plataformas de redes sociales (como Instagram, TikTok, YouTube y X) cuando los estudiantes se conecten al Wi-Fi institucional, buscando así fomentar la concentración y el aprendizaje. El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación, encargado de implementar acciones para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, incluyendo la prevención del ciberacoso y la protección de datos personales. Se prevén excepciones para casos que requieran comunicación inmediata o para estudiantes con discapacidad que necesiten el dispositivo como herramienta de apoyo.

 Violencia Docente: Un Plan Integral de Protección

En paralelo, la Legislatura avanza con el "Plan de protección integral para trabajadores del sector educativo", una respuesta contundente a la creciente problemática de la violencia en el ámbito escolar. Este proyecto busca ofrecer un marco legal y herramientas de protección para los educadores, abordando:

Tipos de Violencia: Cubre la violencia física, verbal y la digital o mediática (incluyendo amenazas, hostigamiento e insultos).

Medidas y Sanciones: Implementa protocolos de intervención y asistencia para el personal agredido. Las sanciones para los agresores abarcan desde la realización de trabajo comunitario o el pago de multas (desde 1 hasta 100 JUS) hasta la posibilidad de afrontar detenciones de hasta 30 días, dependiendo de la gravedad de la agresión.

Ámbitos de Acción: Las agresiones podrán tener consecuencias en el ámbito administrativo (evaluadas por la autoridad educativa), contravencional (por jueces de Faltas, con la incorporación del artículo 63° ter al Código de Faltas) y penal (por el Poder Judicial).

Mediación y Orientación: Se establecen instancias de mediación y orientación obligatorias para los padres en casos donde un estudiante esté involucrado en una agresión hacia un docente.

Este proyecto ha recibido un amplio consenso entre los distintos bloques políticos, reflejando un compromiso unificado para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para los profesionales de la educación. Complementa leyes existentes como la Ley 2635, que creó el Programa de Prevención de Situaciones de Violencia en las Instituciones Educativas, y la Ley 2945 (Ley Orgánica de Educación), que subraya el derecho de los docentes a ser protegidos contra todo tipo de violencia.

La inminente aprobación de estas dos leyes marca un hito para la educación neuquina, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, resguardar el derecho a la educación y promover entornos escolares saludables, inclusivos y libres de distracciones.