NeuquenNews
La mañana del lunes comenzó con una postal que se repite con alarmante frecuencia: calles cortadas y vecinos clamando por servicios básicos que el Estado no garantiza. Esta vez, el corte total se realiza sobre calle Casimiro Gómez, en uno de los accesos a la Autovía Norte. Reclaman energía eléctrica, agua, gas y condiciones mínimas para una vida digna.
Los manifestantes pertenecen a los asentamientos 2 de Mayo, 7 de Mayo y Peumayen. La semana pasada, la comunidad de las tomas 3 y 7 de Mayo ya habían echo el reclamo por la falta de luz. Hoy, el reclamo se amplía a todos los servicios esenciales.
Una respuesta institucional que brilla por su ausencia
La Cooperativa CALF comunicó que los vecinos del asentamiento “Cañadón” utilizan “conexiones irregulares” en tierras que pertenecen al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
Sin embargo, esta declaración omite un dato clave: esas conexiones precarias existen por la falta de intervención del IPVU, que no regulariza los terrenos ni brinda infraestructura formal.
El IPVU, lejos de asumir responsabilidades, atraviesa una profunda crisis: empleados denuncian persecuciones internas y filtración de datos sobre terrenos fiscales. Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas que nunca llegan.
Entre la precariedad y el abandono
Las consecuencias de esta desidia son graves. Con temperaturas bajo cero y sin acceso al gas, muchas familias dependen de tendidos eléctricos improvisados para calefaccionarse. El sobreconsumo y el mal estado de las conexiones provocan constantes cortes y riesgos eléctricos, incluso para niños y personas mayores.
“Nos acusan de conectarnos mal, pero no nos dan otra opción. Queremos pagar un servicio, no depender de un cable colgado”, expresó una vecina del sector 2 de Mayo.
Una urgencia que no admite demoras
Mientras funcionarios miran hacia otro lado y los conflictos internos paralizan al IPVU, centenares de personas viven en el margen del sistema, sin acceso a servicios básicos y expuestas al frío, al riesgo eléctrico y a la invisibilización institucional.
Este conflicto no es nuevo, pero la falta de voluntad política lo perpetúa. ¿Hasta cuándo las tomas tendrán que cortar rutas para ser escuchadas?
