La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos esenciales para jubilados en Córdoba, tras un amparo colectivo que denunció la vulneración del derecho a la salud. La medida cautelar tendrá vigencia mientras se resuelve el reclamo de fondo.
ACTUALIDAD25/05/2025
NeuquenNews
Mientras en el Congreso de la Nación no se logra quórum para debatir el aumento de las jubilaciones, la actualización del bono de $70.000 congelado desde marzo, ni la prórroga de la moratoria previsional vencida en abril, la Justicia sí avanzó con una medida clave para la salud de los adultos mayores: el PAMI deberá restituir la cobertura del 100% en medicamentos esenciales para todos los jubilados de la provincia de Córdoba, al menos mientras se resuelve el amparo colectivo presentado contra las recientes restricciones.
La resolución judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por un grupo de abogados y organizaciones de derechos de personas mayores, encabezados por Carlos Vicente y Mabel Edith Sessa, quienes denunciaron la eliminación de un programa fundamental de provisión gratuita de medicamentos, suplantado en 2024 por la resolución 2431/24, que impuso criterios más restrictivos para acceder al beneficio.
Recorte en la cobertura y derecho a la salud vulnerado
Dicha resolución, impulsada por el PAMI en agosto de 2024, fijó nuevos requisitos para conservar la cobertura al 100%, como percibir ingresos netos menores a 1,5 jubilaciones mínimas (equivalentes a $444.721 en mayo), no ser propietario de más de un inmueble y no poseer un vehículo de menos de 15 años. Quienes no cumplían estas condiciones debían iniciar un trámite por “vía de excepción”.
Según los demandantes, estos requisitos resultan arbitrarios y violatorios del derecho constitucional a la salud. “Se vulnera el derecho a la salud integral, protegido por tratados internacionales a los que Argentina adhiere”, sostuvo Vicente. La medida afectó especialmente a miles de jubilados que quedaron excluidos de la cobertura de más de 40 medicamentos esenciales, muchos de ellos de alto costo.
Una cautelar con alto impacto sanitario
La justicia federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada, que ordena al PAMI retrotraer la cobertura a su esquema previo a la resolución, sin trabas ni condiciones excesivas, y garantizar la entrega gratuita de medicamentos esenciales en Córdoba. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, que ya había intervenido en casos similares.
“La decisión es clave: en la práctica implica que todos los afiliados de Córdoba accedan nuevamente a medicamentos de uso frecuente sin costo, algo vital en un contexto donde los ingresos jubilatorios son insuficientes y los precios de los remedios se dispararon”, explicó Vicente.
Medicamentos por las nubes y haberes congelados
El fallo se da en un escenario complejo. Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la elección presidencial de Javier Milei en noviembre de 2023, los medicamentos más consumidos por adultos mayores aumentaron en promedio un 237,1%, mientras que aquellos que contaban con cobertura de PAMI subieron un 394,2%.
En paralelo, la Defensoría de la Tercera Edad advirtió que en abril de 2024 una persona jubilada necesitó $260.254 sólo para medicamentos, cifra que representa el 58% del tope de ingresos fijado por el PAMI para conservar la cobertura total.
"Hay personas que directamente dejaron de comprar sus medicamentos, o cortan pastillas a la mitad para estirarlas", denunció Sessa. "Lo que está pasando es una práctica social de exclusión, que en nuestra presentación encuadramos con responsabilidad en el concepto de genocidio, en tanto abandono estructural de los más vulnerables".
Un fallo que puede sentar precedente
Si bien la medida cautelar es momentánea, su impacto es significativo y podría abrir la puerta a presentaciones similares en otras provincias. Hasta tanto se resuelva el amparo de fondo, el PAMI deberá garantizar el acceso pleno a los medicamentos esenciales para sus afiliados en Córdoba. La resolución judicial también cuestiona la “razonabilidad” de los criterios de exclusión, al advertir que implican una “interrupción injustificada de un derecho básico”.
En un país donde la inflación y el ajuste golpean con más fuerza a quienes menos tienen, la justicia parece haber ofrecido un respiro, al menos temporal, para miles de adultos mayores que dependen de sus medicamentos para vivir.
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