En los últimos meses, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos, muchas a países distintos de los de su origen. La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, es también extremadamente preocupante
INTERNACIONALES17/05/2025
Neuquén Noticias
La deportación desde los Estados Unidos de un elevado número de nacionales de terceros países, especialmente a países distintos de los de su origen, plantea una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos, según ha declarado este martes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“Esta situación es altamente preocupante en cuanto a una amplia gama de derechos que son fundamentales tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional: los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados, y a un recurso efectivo”, afirmó Volker Türk.
Los datos oficiales estadounidenses indican que entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos; el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse.
Muchos de ellos fueron deportados en virtud del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales específicos.
Sin acceso a representación legal
Estos han sido presuntamente detenidos en el centro de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde reciben un trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin contacto con el mundo exterior.
“La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante”, dijo el Alto Comisionado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de 100 venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento.
Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados del país.
Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara.
Las familias sufren una sensación de total impotencia
Muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están detenidos sus seres queridos.
Algunos de ellos solamente se enteraron cuando reconocieron a sus familiares en vídeos publicados en redes sociales en los que aparecían en el Centro de Confinamiento o siendo trasladados hacia este.
“Las familias con las que hemos hablado han expresado una sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso terroristas, sin que ningún tribunal haya dictaminado la validez de lo que se afirma contra ellos”, dijo el Alto Comisionado.
Según la información recibida, las personas trasladadas de Estados Unidos a El Salvador no han podido hasta ahora ejercer efectivamente su derecho a recurrir su detención en ese centro.
Garantizar la protección de los derechos humanos
“Saludo el papel esencial que el poder judicial, la comunidad jurídica y la sociedad civil de Estados Unidos están desempeñando para garantizar la protección de los derechos humanos en este contexto”, dijo Türk.
El Alto Comisionado también ha instado al Gobierno de Estados Unidos a que adopte las medidas necesarias para “garantizar el debido proceso, dar efecto rápido y pleno a las decisiones de sus tribunales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que exista un riesgo real de tortura u otro daño irreparable”.
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